El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reveló este jueves el acuerdo marco para «orientar la última fase de la discusión» del erario de 2025, destacando una reducción del gasto público planteado en primera instancia, desde el 2,7% anunciado a fines de septiembre a 2%, baja equivalente a 543.539 millones de pesos.
Según el comunicado del Senado, el documento de consenso -presentado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos- determina, entre otros puntos:
- Contar con una asistencia técnica externa de un organismo internacional para la revisión y actualización de los modelos de proyección de ingresos
- Las propuestas que se entreguen deberán recoger los aportes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y se materializarán en lo que corresponda, con anterioridad al primer Informe de Finanzas Públicas de 2025.
- El ajuste de gastos para el Presupuesto 2025 no incluirá a los servicios de salud, las policías, Gendarmería, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda.
- Recapitalización del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES)
- Eventuales retiros desde el FEES se realizarán bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal, salvo en caso de superar el 0,3% del PIB, cuando se deberá solicitar la autorización del Congreso.
- Mantener el límite de endeudamiento propuesto inicialmente, correspondiente a 16 mil millones de dólares, con el fin de permitir el funcionamiento de los estabilizadores automáticos del Presupuesto.
El presidente de la instancia, el senador Felipe Kast (Evópoli), junto a sus pares Ricardo Lagos Weber (PPD), Juan Antonio Coloma (UDI), José Miguel Insulza (PS) y Rodrigo Galilea (RN), coincidieron en que la propuesta reafirma el patrimonio nacional, en orden a tener buenas prácticas en materia de estabilidad fiscal, ante las diversas recomendaciones que realizaron organismos como el CFA.
El asunto tomó más fuerza esta semana luego de conocerse el Imacec de 0 por ciento correspondiente a septiembre, que obligó al Gobierno a desahuciar su meta de crecimiento para este año (2,6%).
En contraste, las senadoras Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PS), así como su colega Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio), apuntaron la exclusión de diversas medidas sectoriales solicitadas durante el debate presupuestario, tanto en materia de salud como de educación.
