El ajuste fiscal ya no es solo una discusión de planillas: hace rato entró de lleno en la arena política. El polémico oficio del Ministerio de Hacienda abre ahora un nuevo flanco que toca una de las piezas más sensibles del sistema social: la Pensión Garantizada Universal (PGU).
El documento, firmado por el ministro Jorge Quiroz, recomienda reducir en al menos 15% el presupuesto de 260 programas sociales para el Presupuesto 2027. Entre ellos no solo aparecen subsidios menores: también, según informó este martes el medio Ciper, están la PGU, la gratuidad universitaria, el Bono Invierno y la Asignación Familiar.
La lógica que plantea Hacienda es de ajuste estructural y permanente. El oficio instruye a los ministerios a proyectar el gasto bajo una restricción plurianual, lo que abre la puerta a recortes que, según el propio diseño, podrían extenderse hasta 2031. En términos globales, la reducción sugerida alcanza los $2,8 billones.
Pero el foco político se lo lleva la PGU. No solo por su impacto fiscal, sino porque es uno de los beneficios más amplios del sistema previsional. En paralelo, el mismo paquete incluye rebajas a otros 17 beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS), que en conjunto superan $1,7 billones y alcanzan a más de tres millones de personas.
Cabe mencionar que el oficio también sumó otra capa de controversia: la propuesta de “descontinuar” 142 programas sociales —luego matizada como “reformular”— que abren debate sobre eventuales cierres en áreas como alimentación escolar, salud y transporte regional.
El ruido político no tardó en instalarse. En campaña, José Antonio Kast fue categórico: “No vamos a recortar ningún beneficio social que hoy día exista”. En esa línea, defendió específicamente la PGU como un compromiso que no sería tocado. Hoy, la recomendación de Hacienda tensiona directamente esa promesa.
De hecho, el entonces candidato Kast llegó a lucir una chapita con la consigna “Te amo PGU” durante los debates presidenciales de 2025.
Fuente: El Mostrador.
