El Ministerio Público dio a conocer los principales resultados de su gestión durante 2025, en el marco de la Cuenta Pública institucional, destacando un año marcado por hitos estratégicos, cifras históricas y avances concretos en la persecución del delito y la atención a víctimas.
Uno de los principales hitos del periodo fue la dictación de la Política de Persecución Penal 2025–2031, instrumento que establece la hoja de ruta institucional para enfrentar los desafíos del crimen en los próximos años.
Durante 2025, el sistema registró 1.917.477 denuncias, lo que representa un aumento de 15,8% respecto de 2024, equivalente a más de 262 mil casos adicionales. Las fiscalías de la Región Metropolitana (Centro Norte, Occidente, Oriente y Sur), junto con Valparaíso y Biobío, concentraron el 60,5% de los ingresos.
Delitos
En cuanto a la tipología de delitos, se observó un incremento de 15,2%, impulsado principalmente por el uso malicioso de tarjetas y dispositivos financieros, que aumentó en más de 200 mil casos, con un alza de 205,6%. También se registraron incrementos en delitos vinculados al sistema penitenciario y en fenómenos asociados al crimen organizado, incluyendo un aumento de 52,4% en asociaciones ilícitas.
El total de imputados creció un 15%, aunque un 67,7% de los casos corresponde a imputados desconocidos, fenómeno asociado principalmente a delitos financieros. En contraste, se registraron disminuciones en delitos como robos no violentos, incendios y robos con intimidación.
En materia de víctimas, se contabilizaron más de 2 millones 30 mil personas afectadas, con un aumento de 15,8%. El 85,6% corresponde a personas naturales, con distribución equilibrada entre hombres y mujeres. En homicidios, se registraron 1.091 víctimas, lo que representa una disminución de 11,5% en la tasa nacional respecto del año anterior.
El programa ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios) continuó su expansión, alcanzando presencia en 11 regiones del país. Durante el año, intervino en 979 casos, logrando una concurrencia del 81% a sitios del suceso y un 49,2% de causas con salida judicial, de las cuales un 67,5% culminó en condena. Además, se evidenció un aumento en la identificación de imputados, formalizaciones y medidas cautelares como la prisión preventiva.
Los delitos de violencia intrafamiliar aumentaron un 11%, registrándose más de 202 mil casos. Se contabilizaron 390 intentos de femicidio y 46 femicidios consumados, evidenciando la persistencia de esta problemática. Asimismo, el 67% de las víctimas de delitos sexuales corresponde a menores de edad.
En materia de corrupción, los ingresos aumentaron un 10,4%, junto con un incremento de 10,5% en las causas terminadas, reflejando una mayor capacidad de respuesta del sistema. En crimen organizado, se logró la detención de más de 300 personas; mientras que en cooperación internacional se tramitaron 2.639 solicitudes y 161 extradiciones.
En cuanto a resultados judiciales, se consolidó una tendencia al alza en las condenas, con más de 24 mil en procedimiento ordinario y 66 mil en procedimiento abreviado, lo que significó un aumento total de 10% en sentencias condenatorias. Destacan especialmente los delitos económicos, con un incremento de 71,6%.
La atención a víctimas alcanzó cifras históricas, con más de 1 millón de atenciones presenciales y 9,6 millones de atenciones digitales. Además, se contactó a más de 875 mil víctimas y más de 127 mil víctimas y testigos recibieron atención especializada a través de las URAVIT.
Fuente: Radio Agricultura.
