En medio de la indagatoria por irregularidades durante su gestión municipal, el Ministerio Público instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI que solicite a la exalcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato que entregue -de manera voluntaria- sus cartolas bancarias.
La acción de Fiscalía se da en el marco de la querella presentada a principios de 2022 por la actual alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti (RD), quien acusó que hubo fraude al fisco por parte de la administración anterior.
«Es una buena noticia que la Fiscalía avance en este tipo de diligencias, que creemos son necesarias para dar a conocer la verdad de cómo se dañaron las arcas municipales y de la Corporación Municipal de Viña del Mar», expresó Ripamonti.
En ese sentido, la actual jefa comunal aseveró que «detrás de todo este daño, existen miles de millones de pesos que podrían haberse ocupado para reparar calles, tener más y mejores centros de salud, escuelas y espacios públicos para todo Viña».
«Por lo pronto, nuestro objetivo principal es invariable: como alcaldesa, junto a nuestros equipos y funcionarios, debo seguir llevando la gestión municipal a su máximo potencial, al margen de la situación en la que encontramos el municipio», cerró la autoridad.
MILLONARIOS DESEMBOLSOS PARA PAGAR FINIQUITOS
El recurso judicial de Ripamonti denuncia millonarios desembolsos desde las arcas fiscales para pagar finiquitos a tres exfuncionarios de la Corporación de Viña del Mar, según expuso el sitio Ciper.
Los tres beneficiados corresponderían al exgerente de la corporación y administración municipal, Claudio Boisier; el exadministrador del Cementerio Santa Inés, Rodrigo Macuada y la exdirectora de Educación, Patricia Colarte.
En concreto, el ente persecutor conminó a la exalcaldesa UDI a entregar sus cartolas bancarias de 2010, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Reginato se desempeñó como jefa municipal de Viña del Mar durante 16 años (desde 2004) y en 2021 fue destituida como concejala luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aceptara un requerimiento de cesación, a raíz de un «notable abandono de deberes» por el déficit de 17.500 millones de pesos desde las arcas de Viña del Mar durante su administración.
Asimismo, la exautoridad municipal quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años.
