La seguridad vuelve a tomar fuerza en la agenda pública y legislativa del país, y ya con nuevas mesas directivas a cargo del Senado y la Cámara de Diputados, todo apunta que el tema será central dentro del trabajo que se viene en el Congreso.
En esta línea, desde la Cámara Alta barajan la opción de retomar el denominado Fast-Track impulsado por la administración previa presidida por el senador de la UDI Juan Antonio Coloma, e incluso se está trabajando para sumar alrededor de 20 nuevos proyectos en la materia.
«El año pasado fueron 31 proyectos, de los cuales despachamos 22 en la Comisión de Seguridad del Senado y quedaron nueve, uno está en el Senado y ocho en la Cámara (de Diputados). Esos ocho todavía están cinco en la Cámara, tres vinieron ya de vuelta al Senado», explicó este sábado el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC).
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el parlamentario reveló que «lo que se está proponiendo ahora, (aunque por el momento) no hay un listado acabado, lo vamos a saber de aquí al lunes, es que vamos a llevarle una propuesta al Ministerio del Interior -junto con la nueva mesa del Senado y en mi caso en representación de la Comisión de Seguridad- que podrían ser unas veintitantas propuestas más».
Por su parte, desde la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, su presidente, el RN Andrés Longton, destacó la prioridad que buscan darle a la opción de tipificar como delito el cruzar la frontera de forma ilegal.
«El Ejército, la PDI y Carabineros están con los brazos y las piernas amarradas, porque solamente pueden detectar esto (ingreso irregular), pero de ninguna manera pueden hacer algo distinto que tomarle los datos y dejar que ingresen al país», cuestionó el parlamentario, que viajó esta semana junto a los otros miembros a Colchane para familiarizarse con la situación en el pueblo fronterizo.
En opinión de Longton la situación es «inaceptable, entendiendo la gravedad que estamos viviendo con la situación migratoria, con los delitos importados».
«Por eso que nosotros vamos a insistir en que se tipifique como delito el ingreso ilegal, porque queremos que haya una herramienta disuasiva para efectos de identificar a los migrantes, pero también para que propenda la reconducción y a la expulsión de quienes ingresaron por pasos distintos a los habilitados a nuestro país», puntualizó.
GOBIERNO BUSCA CERRAR LOS PROYECTOS PENDIENTES
En medio de la intención de sumar nuevos proyectos en línea de reforzar la seguridad, la ministra del Interior, Carolina Tohá, puso énfasis en que la primera prioridad del Gobierno es que se despachen los proyectos pendientes de las propuestas del año pasado.
«La agenda priorizada el 2023 todavía tiene ocho proyectos pendientes, y lo primero es despachar esos proyectos», aseguró la secretaria de Estado, destacó entre estas iniciativas la del «Ministerio de Seguridad, Sistema de Inteligencia del Estado, Sistema de Inteligencia Económica, Defensoría de las víctimas, reglas de uso de la fuerza pública, fortalecimiento de las capacidades preventivas de los municipios, fiscalía supraterritorial».
Mientras estos temas se toman la agenda legislativa, el Ejecutivo sigue adelante con las gestiones para retomar con mayor frecuencia y volumen los vuelos de repatriación de migrantes que entran de forma ilegal o que cometen delitos en nuestro país, en especial con Venezuela, que ha sido un nudo complejo en esta arista de trabajo.
