La contralora subrogante, Dorothy Pérez, expuso irregularidades en el pago de horas extras en el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante la comisión investigadora sobre el rol de esa institución y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el marco del caso audios.
Durante su intervención de este lunes, planteó que en el servicio que dirige Hernán Frigolett no sólo existen falencias en la convergencia de la información de los sistemas informáticos de control, sino que el ente contralor objetó ciertos pagos en la Dirección Regional de Santiago Oriente, consignó El Mercurio.
A través de una auditoría y un examen de cuentas aplicados en esa sede, se observaron pagos no acreditados por $174.034.085 a personal de fiscalización entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019, y otros parcialmente acreditados en el mismo periodo, quedando un saldo sin justificar de $139.825.013.
A la vez, la Contraloría objeta horas extras por labores «sin sustento de ejecución en los registros de asistencia» por $251.858.351, mientras que otras se acreditaron «sólo de manera parcial», quedando un total de $54.606.243 sin justificar. Con todo, la institución presenta irregularidades en el pago de $620.323.696 por este concepto.
No obstante, Pérez aclaró a los diputados de la comisión que el SII se encuentra en proceso de regular dicha situación.
FALTA DE SANCIÓN POR AUSENCIA DE GIROS DE IMPUESTOS
En otra fiscalización al SII, el ente contralor detectó 24 casos de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) y Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) entre 2015 y 2018 que no presentaban el giro asociado al RUT del contribuyente, de manera que no se emitieron órdenes de ingresos por un total de $324.212.430.
Si bien el servicio determinó responsabilidades administrativas y aplicó sanciones a funcionarios por no girar oportunamente impuestos, éste no persiguió responsabilidades pecuniarias ni informó tales irregularidades al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Lo anterior, a pesar de la existencia de daño patrimonial por $1.020.635.469, lo cual prescribe la responsabilidad civil.
