La comisión revisora de la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende, rechazó el libelo presentado por la oposición. De este modo, la acusación será sometida mañana a votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados con un informe desfavorable, que recomienda rechazar el libelo. La votación en la comisión fue de cuatro votos en contra — emitidos por Jaime Naranjo (Ind.-PS), Alexis Sepúlveda (PR), Leonardo Soto (PS) y Emilia Schneider (FA) — y uno a favor, del diputado Jorge Durán (Ind.-RN).
El presidente de la comisión, Jaime Naranjo, criticó que los parlamentarios que promovieron la acusación no se presentaran ante la instancia ni defendieran el libelo contra Fernández. Naranjo apuntó directamente a Gustavo Benavente (UDI), Henry Leal (UDI), Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano), Cristián Labbé (Ind.), Christian Matheson (Ind.-EVO), Chiara Barchiesi (Partido Republicano), Harry Jürgensen (Partido Republicano), Camila Flores (RN), Miguel Mellado (RN) y Sara Concha (PS).
El diputado Leonardo Soto (PS) acusó que el libelo «está basada básicamente solo en recortes de prensa, en enlaces de plataformas online y fake news. Porque realmente, cuando uno analiza los antecedentes, no hay fundamentos de peso que permitan establecer que estamos en presencia realmente de una infracción constitucional que justificaría la aplicación de las prohibiciones que establece la Constitución». Añadió que «uno podrá tener todas las opiniones que uno quiere acerca de su gestión como ministro de Defensa, podrá tener todas las opiniones que uno quisiera respecto de la participación de la familia Allende en esto, pero, de acuerdo con la Constitución y las leyes, no cabe otra respuesta que rechazar la acusación constitucional».
Asimismo, la diputada Emilia Scheneider (FA) señaló que esta arremetida opositora «no es otra cosa que un punto político que nos hace perder el tiempo de aquello que le tenemos que dedicar efectivamente todo nuestro trabajo en el Congreso Nacional que son las urgencias de la ciudadanía». La legisladora recalcó que «hay otras instancias de la justicia y de esta misma Cámara de Diputados y Diputadas conociendo e investigando los hechos denunciados, no me parece adecuado establecer una sanción tan grave y tan dura cuando todavía no se cierran dichos procesos, lo dijeron las y los expertos que recibimos en esta comisión revisora, no podemos tomarnos a la ligera las acusaciones constitucionales y las consecuencias que traen consigo, no siempre el Congreso tiene que tomar estas determinaciones y estos juicios político».
Por su parte, el diputado Alexis Sepúlveda (PR) señaló que «si bien el contrato no se perfeccionó, y en eso yo lo comparto, aquí hay una tremenda responsabilidad política. Una tremenda responsabilidad. Y quien lo quiera soslayar es que no entiende cómo esto funciona. O no camina por la calle y no pregunta y no conversa con nadie. Aquí hay una tremenda responsabilidad política. De un camino, de un procedimiento que nunca se debería haber tomado». Eso sí, indicó que «aquí hay responsabilidades, el gobierno las asumió, con la salida de la ministra de Bienes Sociales, y también con la salida de la ministra. Y creo que ahí, en quienes estamos en política, debería estar cerrado el circuito. Y además es un contrato que no se perfecciona.
Por lo tanto, lo jurídico no sostiene y lo político está resuelto». Por otro lado, el diputado Jorge Durán (RN) manifestó que «permitir que esta conducta quede sin sanción afecta el principio de igualdad ante la ley y podría interpretarse simplemente como un trato privilegiado hacia la ex ministra. Finalmente, quisiera señalar que la acusación constitucional no es sólo un mecanismo de control político, sino también una herramienta que nos permite preservar la probidad y la transparencia en el ejercicio de nuestra función pública. En este caso, existen los fundamentos sólidos que justifican su avance, basados en la responsabilidad política que persiste más allá del cese del cargo, la infracción del artículo 37 bis de la Constitución y el conocimiento de la ex ministra debía tener sobre dicha prohibición».
