El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló este sábado contra los cinco excarabineros vinculados al multimillonario robo que afectó el 16 de agosto pasado a la empresa de valores Brinks en Rancagua, Región de O’Higgins.
Los imputados, que al momento del crimen eran uniformados activos, son Giovanni Alexis Pereira Miranda (Cabo 1º); Ricardo Enrique Núñez Chamorro (Cabo 1º); José Carlos Toledo Fuentes (Cabo 1º); Mauricio Eduardo Saavedra Castillo (Cabo 1º), y Sergio Osvaldo Millar Aniñir (Carabinero).
Según dio cuenta la Fiscalía al momento de su detención, que se concretó a mediados del mes pasado, los cinco excarabineros son vinculados al robo debido a que aparecen en fotografías de reuniones previas al atraco.
Asimismo, el CDE en su querella apunta a que tuvieron una participación clave para que la banda criminal huyera con el millonario botín.
Los otrora policías son investigados por los delitos de asociación criminal, robo con intimidación, siete incendios y dieciocho receptaciones de vehículos.
La acción judicial presentada por el CDE busca también que el Ministerio Público «oficie al Departamento de Personal de Carabineros, con objeto de que remita todo el historial funcionario de los imputados, así como el detalle de los distintos cargos que han servido y -en su caso- se acompañen sus respectivos documentos o decretos de nombramiento».
A esto sumaron que se «informe si los encartados han sido objeto de sumarios o investigaciones sumarias y según su estado, remita copia y resultado de aquellas».
Otro punto es la solicitud de un «levantamiento patrimonial de los imputados, respecto de sus bienes muebles, inmuebles, participación en sociedades u otros que pudieren tener a su nombre».
El CDE pidió también que se oficie a Carabineros para que informe «el cargo que los funcionarios formalizados (…) tenían a la fecha de los hechos», además de «la unidad a la cual pertenecieron en los últimos tres años, los superiores a cargo que tuvieron en dicho período y todos los integrantes -funcionarios de Carabineros- de cada una de dichas unidades a las que pertenecieron».
Finalmente, despachó una instrucción particular a la Policía de Investigaciones (PDI) para que «se determinen redes familiares y en lo posible de amistad cercana de los imputados, con el fin de poder indagar si existe involucramiento -o indicios de aquello- de las mencionadas personas con los hechos en investigación».
«Una vez hecho lo anterior, se les identifique, empadrone y eventualmente se les cite declarar al tenor de la descripción fáctica en mención», cerró.
