La negociación entre Argentina y sus acreedores se hace interminable. Cuando expiró el primer plazo para llegar a un acuerdo, el 8 de mayo, se decidió una prórroga hasta el 22 de mayo. Luego se alargó, ya en “default”, hasta el 2 de junio. Y habrá, muy probablemente, una nueva extensión. El gobierno de Buenos Aires la comunicará mañana a las autoridades bursátiles de Nueva York. Pero las posiciones de ambas partes, ahora, están más cercanas que nunca. Empieza a perfilarse un acuerdo sobre los 68.000 millones de dólares en disputa.
En realidad, no se trata de 68.000 millones, sino de mucho más. El valor de los bonos emitidos por Argentina no se mide por el precio nominal, sino por los intereses. Se trata de emisiones a largo plazo (una de ellas, a cien años) en las que el factor decisivo es la rentabilidad. Dos de los tres grupos organizados de acreedores, entre los que figura el poderoso grupo BlackRock, proponen en su última oferta un interés promedio del 4,2% (con una rebaja del 32%), mientras el gobierno de Buenos Aires se niega a superar el 3%. La diferencia entre las ofertas de los acreedores y del gobierno resulta, sumándolo todo, inferior a 6.000 millones de dólares. Costaría entender que, con posiciones tan cercanas, no se alcanzara un acuerdo de reestructuración.
Durante el fin de semana prosiguieron las negociaciones. Fuentes implicadas en el proceso dijeron que no había tiempo para el pacto antes del martes 2 de junio (“cada acreedor tiene plazos y beneficios distintos, según sea la emisión de bonos que le afecta, y la simple redacción de un acuerdo implica muchas horas”, dijeron), lo que supondría una tercera prórroga en la fecha límite. Las mismas fuentes daban por seguro que el gobierno argentino pediría el lunes ante la Comisión del Mercado de Valores de Nueva York (se trata de bonos emitidos bajo la ley neoyorquina) un nuevo aplazamiento, esta vez con perspectivas realistas de cerrar positivamente el acuerdo.
El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, plenipotenciario argentino en la negociación, planteó la semana pasada una oferta que reducía de tres a dos años el período de gracia (el tiempo en el que el país no pagaría ni principal ni intereses) y recortaba ligeramente la quita del principal (inicialmente, de unos 4.000 millones de dólares), a la vez que elevaba la rentabilidad sobre su propuesta inicial del 2,3%. Dos de los tres grupos de acreedores se mostraron en general de acuerdo, siempre que para compensar los dos años sin pagos se realizara una emisión extraordinaria de deuda a largo plazo para compensarles.
Falta acercar definitivamente las posiciones. A ninguna de las dos partes (considerando como una sola parte el complejo mosaico de acreedores) le interesa un fracaso. A Argentina, porque permanecer en el default técnico, verificado desde que el 22 de mayo incurrió en impago de un vencimiento de 503 millones, le supone carecer de acceso a los mercados internacionales de crédito en un momento de gran necesidad por la crisis de la pandemia. A los acreedores, porque confiar en la sentencia de un juez de Nueva York o en una oferta mejor del gobierno argentino podría suponerles, al final, un empeoramiento sobre las condiciones ahora sobre la mesa.
Para el presidente argentino, Alberto Fernández, y su ministro de Hacienda y negociador, Martín Guzmán, existe un incentivo ulterior para el acuerdo. El riesgo de otro cierre al crédito externo (el país ha incurrido ya nueve veces en default desde su nacimiento) empuja a la baja al peso porque estimula la compra de dólares como valor de refugio. El Banco Central endureció esta semana los controles cambiarios, popularmente conocidos como “cepo”, en perjuicio de las empresas exportadoras e importadoras. El presidente de la entidad emisora, Miguel Ángel Pesce, dijo que el “cepo” podría relajarse en cuanto se alcanzara un acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda externa.
Una vez se llegue a un pacto sobre la deuda externa, si eso ocurre, Argentina deberá negociar con los acreedores internos (deuda en pesos) y con el Fondo Monetario Internacional, que en 2018 concedió al país el mayor préstamo de su historia, por 57.000 millones de dólares, de los que fueron desembolsados 44.000. Ambas negociaciones parecen más sencillas que la actual.
