La ministra del Interior Carolina Tohá se refirió al criterio que adoptarán sobre los funcionarios del Gobierno que lleguen a ser formalizados por algún delito, siendo tajante en que deberán renunciar a sus cargos para que la investigación no afecte a las instituciones.
Según consignó La Tercera, la secretaria de Estado declaró que «nuestra filosofía con los funcionarios que son de nuestra dependencia es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones».
Pese a que estas opciones han sido abordadas en marco de las investigaciones de los máximos representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones, la titular de Interior fue tajante por primera vez y afirmó que «esa es la filosofía que nos aplicamos nosotros como Gobierno central y con nuestros funcionarios, otros poderes del Estado, organismos autónomos como son los municipios, toman sus propias decisiones».
La discusión se da tras la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien dejó el cargo luego de revelarse filtraciones de información institucional al abogado Luis Hermosilla, lo que fue catalogado como un «punto de inflexión» por el ministro de Justicia, Luis Cordero.
En ese sentido, pone en duda el futuro del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, que es investigado en la arista Democracia Viva del Caso Convenios y que podría ser formalizado a medida que avancen las diligencias.
Asimismo, también podría verse relacionado el director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que se encuentra en una investigación por omisión en delitos cometidos por la institución en marco del estallido social del 2019, y será formalizado el próximo 7 de mayo.
Al respecto, el ministro Cordero ya se había referido al mismo punto: «Me extraña, yo lo había dicho antes en algunas entrevistas: las instituciones son más importantes que las personas, es algo que yo ya había señalado y que es resorte del general Yáñez evaluar eso, en el fondo».
REACCIONES EN EL OFICIALISMO
El criterio propuesto por la ministra Tohá generó reacciones dentro de los partidos oficialistas, sobre el que algunos apuntan a que debe ser discutido ampliamente.
«Me parece que no es el caso de Miguel Crispi, no creo que vaya a ser la situación en el corto plazo, así que creo que no es aplicable la situación. Si eso llega a pasar, tendrá que ver el Presidente si lo mantiene como una doctrina o como algo distinto, en que se van a analizar caso a caso las situaciones de formalización que ocurran», dijo a dicho medio el diputado Tomás de Rementería (PS).
En una línea parecida, el jefe de bancada del Partido por la Democracia, Jaime Araya, apuntó que «por muchos reparos que yo tenga de la labor de Crispi, no sería justo ni racional una condena anticipada, quizás el criterio del Gobierno merece una conversación más amplia y poner el foco en las medidas cautelares como punto de inflexión, las formalizaciones son decisiones sin ningún tipo de control».
«Frente a situaciones complejas, se debe actuar de manera muy prudente y con mucha coherencia, la ciudadanía debe confiar que los criterios que señala el Gobierno son claros y conocidos por todos, eso facilita abordar episodios críticos, y muy importante es respetar la presunción de inocencia», aclaró el parlamentario Araya.
Sin embargo, la diputada del Partido Comunista, Nathalie Castillo, afirmó que «es razonable, quienes se encuentren en proceso de investigación y/o formalizados y tengan una responsabilidad en el Estado, mi opinión es que deben dar un paso al costado mientras la justicia realiza su labor».
