El conflicto tarifario que enfrenta a los operadores de buses con la administración del Terminal de Puerto Montt escaló esta semana tras la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El organismo acogió a tramitación la demanda ingresada bajo el Rol N° 544-26 por un grupo de empresas de transporte, quienes acusan que el reajuste del 75% en el cobro por uso de losa —pactado entre el municipio y la Inmobiliaria del Pacífico S.A. (IPSA)— podría generar efectos anticompetitivos. Sin embargo, el tribunal propinó un revés temprano a los demandantes al rechazar la medida cautelar que buscaba suspender el cobro inmediato de estos nuevos valores.
El núcleo de la controversia radica en una disparidad histórica de precios que mantuvo los costos de operación en Puerto Montt artificialmente bajos desde 2006. Según documentos técnicos a los que tuvo acceso este medio, la brecha con terminales de infraestructura comparable es drástica. Para los tramos cortos de 0 a 40 kilómetros, un bus en Puerto Montt pagaba apenas $839, mientras que por el mismo servicio en el terminal de Osorno se cobra $2.460 y en Valdivia $1.528. Esta diferencia se acentúa en los recorridos largos (más de 300 km), donde la capital de Los Lagos cobraba $3.542 frente a los $4.060 de Osorno y los $4.584 de Valdivia.
Ante este escenario, la Agrupación de Usuarios del Transporte Público de la Provincia de Llanquihue salió al paso de la ofensiva legal de los gremios microbuseros. Su presidente, Jordi Valenzuela Muñoz, fue enfático en señalar que no aceptarán que este ajuste administrativo sea utilizado como excusa para alzar el precio de los pasajes. El dirigente argumentó que la actualización tarifaria es necesaria para revertir el deterioro del recinto, cuya inversión se vio estancada por décadas de tarifas congeladas, y advirtió que estarán vigilantes para que los mayores ingresos se traduzcan en seguridad y limpieza real para los pasajeros.
Desde la vereda administrativa, el conflicto también tiene lecturas políticas y técnicas. El reajuste fue aprobado por la unanimidad del Concejo Municipal, decisión que defendió la concejala Bárbara Cáceres, quien sostuvo que perpetuar tarifas de hace veinte años solo condenaba al terminal a la precariedad. Por su parte, la administración del recinto, encabezada por Marcelo Aguilera, indicó que, aunque no han sido notificados formalmente de la acción judicial, la medida responde a criterios técnicos de mercado y no a decisiones arbitrarias, recordando que el terminal de Temuco llega a cobrar hasta $8.500 por salida, muy lejos de la realidad local.
Fuente: Paislobo.
