La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, descartó este lunes que el proceso de desmunicipalización de establecimientos educacionales se vea interrumpido por la delicada situación en la Región de Atacama, que enfrenta un paro de profesores que ya superó los 50 días, asegurando que los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) -que lideran este nuevo proceso- necesitan una instalación gradual.
En entrevista, Arratia afirmó que «siempre cuando uno tiene reformas que son de esta complejidad, es esperable que uno tiene que ir monitoreando las situaciones que ocurren y viendo cómo solucionarlas. En este servicio local nosotros tenemos una configuración bien compleja. que hace que no sea representativa de los 11 que tenemos hasta ahora».
«Ahora, esta ley, asumiendo que esto era algo que implicaba un desafío mayor para el Estado, definió variables», explicó la autoridad educativa, destacando entre ellas una implementación gradual de los SLEP, que ahora se extendió hasta el 2029, «de modo tal de poder darle mayor acompañamiento».
En opinión de la subsecretaria, pese a los problemas registrados en algunos de estos servicios, como en Atacama y Valparaíso, este proceso es clave para mejorar la gestión de la educación en Chile, ya que con el sistema de municipalización se ha tenido -aseguró- «un progresivo debilitamiento».
«De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, cifras de matrícula en el largo plazo, la baja es permanente. Hemos tenido un sistema que ha debilitado mucho la educación pública», cuestionó Arratia en diálogo con Cooperativa.
SITUACIÓN ECONÓMICA
En cuanto a la situación económica que complica a estos servicios, la autoridad de Educación explicó que hay «muchos municipios que todavía tienen deudas de cotizaciones tradicionales tremendas, incluso de más de 1.000 de pesos, por cómo está financiada la educación pública en sí».
«Entonces, el tema del financiamiento es otro tema que nosotros estamos abordando. El ministro (de Educación, Nicolás Cataldo) comprometió una ley corta de aquí a diciembre de este año, y una ley más de largo plazo, que se va a presentar el próximo año o principios del 2025, que cambia el sistema de financiamiento», puntualizó.
Cuando se modificó la estructura de la educación pública no se pudo trabajar en el financiamiento, dado que «no hubo acuerdo político» para cambiarlo.
