Tras la realización de una sesión especial, el Senado ratificó este miércoles a los tres nombres propuestos por el Presidente Gabriel Boric para integrar los cargos vacantes en la Corte Suprema.
Se trata de Jessica González Troncoso y Mireya López Miranda, quienes fueron propuestas como ministras del máximo tribunal, y de Jorge Pizarro Astudillo, nominado como fiscal judicial del órgano.
El nuevo fiscal judicial, Jorge Pizarro Astudillo, obtuvo 44 votos a favor y uno en contra; mientras que la magistrada Jessica González Troncoso, quien investigó el conocido «caso Karadima», obtuvo 42 votos a favor.
En tanto, la magistrada Mireya López Miranda, conocida por indagar el caso de los falsos exonerados políticos, obtuvo 41 votos a favor y 3 en contra (de senadores del Partido Comunista, quienes cuestionaron su criterio y tendencias durante su trayectoria en la Corte de Apelaciones, sobre todo por la aplicación de la medida de prescripción en distintos fallos).
La votación se da en medio de la crisis que atraviesa el Poder Judicial, que tiene a una de las integrantes de la CS, Ángela Vivanco, enfrentando un cuaderno de remoción por su presunto vínculo en el «caso audios»; y a tres de sus ministros (Jean Pierre Matus, Sergio Muñoz, y Vivanco) con acusaciones constitucionales en su contra.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, quien se trasladó este miércoles al Congreso para solicitar los votos de los senadores, hizo un llamado para que se diera una señal de normalidad respecto al sistema de nombramientos en el máximo tribunal.
«Tenemos 12 abogados integrantes, (por lo que) no proveer las vacantes pendientes es dejar el sistema de funcionamiento judicial al mecanismo de abogados integrantes que, ninguno de los que está en esta Sala, considera que es lo razonable en un mecanismo normal», explicó el titular de Justicia.
«No es posible desconocer la crisis que está enfrentando la Corte, pero también es inevitable presentar la necesidad que, simbólicamente, también a través de estas nominaciones, el Senado reafirma el compromiso que tiene con la normalidad institucional, al igual que el Ejecutivo», agregó el secretario de Estado.
En esa línea, puntualizó que «necesitamos garantizar la continuidad del sistema de justicia, porque al final del día los que terminan perjudicados son las personas que requieren el funcionamiento del mismo».
Cordero también adelantó que, debido al fuerte cuestionamiento a los nombramientos y ascensos en el PJ, el Gobierno presentará una propuesta de reforma constitucional para modificar dicho sistema, entre cuyos objetivos se encuentra la eliminación de la figura de abogados integrantes, y mantener un alto estándar en la elección de miembros del máximo tribunal.
