Este miércoles se llevó a cabo la segunda jornada de formalización contra los generales (r) directores de Carabineros, Ricardo Yáñez y Mario Rozas, y del exsubdirector de la institución Diego Olate, imputados por la Fiscalía por su presunta responsabilidad de mando en los delitos de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social.
La audiencia, según lo determinó el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quedó suspendida hasta el próximo lunes 14 de octubre, cuando se discutirán las posibles medidas cautelares contra los imputados.
Tras el término de la audiencia, Yáñez criticó que «hoy día, pretender desde la teoría, después de cinco años, donde había que estar donde estaban los carabineros, porque muchas de las personas que hablan hoy día no estuvieron en el lugar donde los carabineros eran atacados permanentemente, donde resguardaban la seguridad de las personas que vivían en esos lugares. Es muy fácil hoy día hacer imputaciones respecto a las actuaciones de ellos».
«Pero había que estar ahí», remarcó el exmandamás de la institución, quien señaló que «hoy día y lo digo con mucha precisión, no habrá justicia sin considerar el contexto en el que se vivió ese período, y no podemos dejar la democracia en manos del vandalismo y de la destrucción».
«Sin orden no hay patria, y sin orden hay caos, y sin caos este país no se desarrolla, ni crece, ni avanza», añadió.
Desde la defensa cuestionaron la posibilidad que pueda tener el Ministerio Público de comprobar los hechos que se imputan.
El abogado Sergio Contreras, representante de Olate, apuntó que «lo que se le imputa a nuestro cliente es no haber realizado ciertas -a juicio del Ministerio Público- actuaciones que, de alguna forma, hubiesen impedido los resultados lesivos que se atribuyen. Desde esa perspectiva y ya conociendo los hechos, los 240 casos en particular, vamos a hacer un análisis respecto de cada uno de ellos, para ver cuál era la posición que debería haber tenido en cada uno de estos hechos para haberlos evitado».
Por su parte, la abogada querellante Karina Fernández indicó que «son cuatro los ejes sobre los que se levanta ese deber, esa obligación que fue omitida en la idea de que no se hizo cesar, y son la responsabilidad en materia de derechos humanos, el gasto de municiones; el segundo eje es supervisión y el cuarto disciplina. Y creo que eso justamente son los aspectos en los que tenemos que centrar hoy día nuestro debate».
«Pero, en particular, quisiera hacer enfática en un punto bastante claro: hoy día una autoridad de nuestro país, una fiscal de nuestro país, acompañada del fiscal regional de frente a un juez en un estado de nuestro país, señaló que los ataques a la población habían sido masivos y reiterados. Eso se encuadra precisamente con una figura que ha sido discutida desde el primer día del estallido social y es la sistematicidad», acusó la jurista.
