El presidente Gabriel Boric anunció durante el mediodía de este lunes que recibió el informe para la comisión para la probidad y transparencia.
“Las acciones que dieron paso a esta preocupación están siendo investigadas, y no me cabe duda que serán sancionadas, sean del color político que sean, sean del Gobierno central, o regional, de este Gobierno o del anterior“, detalló el mandatario.
La Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado (en adelante “la Comisión”) inició sus labores de forma preliminar el 7 de julio. Desde la publicación del Decreto que la creó, su labor se extendió por 45 días corridos, finalizando el 26 de agosto. La comisión estuvo integrada por María Jaraquemada como presidenta de la instancia, y por los comisionados Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero. La secretaría ejecutiva del equipo quedó en manos de Valeria Lübbert, quien actualmente cumple el mismo rol en la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia de la Segpres.
El grupo de expertos escuchó exposiciones de diversos funcionarios y representantes de la Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, representantes de los Gobiernos Regionales y Municipalidades, además de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Charity Commission, de Reino Unido, entre otros. Asimismo, escucharon a académicos y exautoridades, quienes entregaron sus reflexiones desde sus experiencias. Se escucharon también a representantes de fundaciones y corporaciones quienes dieron su mirada desde la práctica. De la misma forma, se recibieron 58 propuestas de la ciudadanía vía correo electrónico y un formulario especialmente habilitado para el efecto.
La comisión propondrá al presidente 46 medidas concretas para mejorar la regulación y relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, las que tendrán que ser evaluadas por el Ejecutivo para su posible implementación.
