El crimen del sargento de Carabineros Rodrigo Puga en las afueras del Teatro Caupolicán, junto con otros homicidios ocurridos la semana anterior en la Región Metropolitana, han gatillado un cuestionamiento transversal desde el Congreso al manejo del Gobierno en materia de seguridad.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), reflexionó que «lo que de verdad preocupa es cómo las bandas siguen utilizando poder de fuego para poder irse ganando un territorio, y en este contexto, no solamente la materia legislativa -que es lo que nos compete- debe seguir avanzando con muchísima rapidez. El Gobierno tiene que gobernar con mayor firmeza: mano firme y recursos destinados a las instituciones».
También desde la falange, aunque más crítico, el diputado Eric Aedo determinó que «las autoridades no han dado el ancho para enfrentar esta situación, y los encargados de la seguridad harían bien al reflexionar si están a la altura de la tarea que el país y el propio Presidente Gabriel Boric les ha encomendado».
En el ámbito legislativo, y aludiendo al llamado «fast track 2.0» en seguridad, estimó que «tenemos que aprobar las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), sacar adelante el proyecto de infraestructura crítica, aprobar un sistema nacional de inteligencia y un sistema de inteligencia económica. Eso es urgente hoy».
Desde la oposición, su par de RN Andrés Longton coincidió en que el escenario actual «requiere un cambio de estrategia. Todos los días asesinan brutalmente a compatriotas, y el Gobierno tiene que cambiar el rumbo, lo que exige que cambien a las autoridades que están a cargo de la seguridad, porque han fracasado, y las estrategias también han fracasado».
¿DESPLIEGUE MILITAR EN SANTIAGO?
Otra posibilidad que se ha vuelto a instalar es un apoyo por parte de las Fuerzas Armadas a las policías en la capital, idea de la cual el Gobierno ha tomado distancia por ahora.
«Al Presidente Boric no sólo le falta gestión, sino que también coraje y carácter para enfrentar el crimen organizado. No es capaz de sacar a los militares en la Región Metropolitana, tiene paralizadas las RUF, la ley de infraestructura crítica y la ley de inteligencia por falta de gestión», sentenció el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).
Esta propuesta también tuvo eco en el oficialismo: su par socialista Marcos Ilabaca aseveró que «el Gobierno tiene herramientas para enfrentar de manera inmediata la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Para ello no necesita más leyes, lo que tiene que ocurrir es que las Fuerzas Armadas se desplieguen en sectores más complejos y así, como en la Macrozona Sur, colaboren con su presencia a la labor que desarrollan las policías».
Desde el Frente Amplio, partido en el cual milita el Presidente Boric, la diputada Lorena Fries defendió que «el Gobierno está haciendo todo lo que puede hacer», antes de enfatizar que «lo que necesitamos no es encontrar a los últimos de la cola del crimen organizado, sino que a aquellos que se benefician con el crimen organizado, y que son realmente las personas responsables de lo que está pasando en nuestro país».
