Esta semana se ingresó a la Convención Convencional la propuesta de norma constitucional sobre Derecho a la Comunicación, patrocinada por Carolina Videla junto a quince convencionales de diversos sectores políticos e impulsada por organizaciones sociales como el Colegio de Periodistas de Chile, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile y el Bloque por el Derecho a la Comunicación.
La norma presentada reúne once artículos que establecen una serie de propuestas donde el Estado debe garantizar derechos humanos en materia de comunicación, sobre la base de que la nueva Constitución requiere reconocer a la sociedad completa como protagonista de la comunicación, garantizando derechos individuales y colectivos que permitan acceder a información y generar opiniones de manera veraz, diversa, plural y a través de todo tipo de medios.
El primer artículo propone que “el Estado garantiza el Derecho a la Comunicación y removerá los obstáculos que presentan los grupos o comunidades discriminados o en desventaja para estar representados y participar en la esfera pública y en el ecosistema de comunicación y medios”, de modo tal de ampliar la participación ciudadana y territorial a los espacios mediáticos.
Por eso, la propuesta establece acciones positivas destinadas a garantizar ámbitos como la promoción de la comunicación y medios comunitarios; la protección del ejercicio del periodismo y de la actividad informativa en general; el acceso a la conectividad con condiciones de calidad así como la educación mediática con enfoque de género, feminista y derechos humanos. Además, propone garantizar el desarrollo de medios y plataformas de comunicación públicos, la promoción de espacios de regulación y promoción que cuenten con mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, así como la distribución equitativa de los recursos públicos, como el avisaje estatal con énfasis en inversión en medios regionales, entre otros temas.
Los once articulados propuestos contemplan enfoque de género y derechos humanos, incluyendo una norma especial sobre la materia.“El Estado tiene el deber de fomentar una política activa y visible de incorporación de un enfoque de género y feminista en los medios de comunicación, a través de normas legislativas y políticas públicas para erradicar la violencia simbólica contra mujeres y disidencias en los medios”, propone la norma.
