El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve envió un oficio al actual subsecretario, Máximo Pavez, en el que acusa una posible falsificación de instrumento público en el sumario administrativo abierto en su contra durante el gobierno anterior. En el documento, pide que se instruya un sumario interno y que los antecedentes sean puestos en conocimiento del Ministerio Público por un eventual delito.
De acuerdo a información publicada por La Tercera, la tesis de Monsalve es que el procedimiento no estaba vigente al momento en que presentó su renuncia, aceptada el 17 de octubre de 2024. Para sostenerlo, invoca antecedentes obtenidos durante la tramitación de una acción de protección y declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá, ante una comisión investigadora de la Cámara, que —según su interpretación— muestran que el sumario fue materializado después de su salida del cargo.
El exsubsecretario apoya su acusación en registros del Sistema de Gestión Documental del Ministerio del Interior. Según expone, el archivo de trazabilidad del documento acredita que la resolución exenta N° 5.418, mediante la cual se instruyó el sumario, fue creada en el sistema el 17 de octubre de 2024 a las 20:10 horas, es decir, varias horas después de formalizada y aceptada su renuncia. Sobre esa base, afirma que al momento de la creación del acto administrativo ya no tenía la calidad de funcionario público.
Monsalve también cita una declaración de Tohá ante la comisión investigadora, en la que la exministra señaló que el 16 de octubre instruyó que se realizara un sumario, pero que los procedimientos administrativos se produjeron en los días siguientes y que el sumario quedó decretado el viernes 18 de octubre. Para la exautoridad, esa afirmación constituye un reconocimiento de que el acto administrativo que daba origen al procedimiento se concretó después de su renuncia.
A esos antecedentes suma observaciones sobre declaraciones juradas de exfuncionarios del gabinete y una supuesta falsedad en el Decreto Supremo N° 326. Con ese conjunto de elementos, sostiene que existen “irregularidades administrativas graves” y eventuales delitos de falsificación de instrumento público derivados de una confección antedatada del acto que instruyó el sumario.
Fuente: El Mostrador.
