El Gobierno promulgó este sábado la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, que fue ingresada durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Esta ley entrega un marco normativo que establece los deberes de los distintos órganos del Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres, acorde a los de la «Convención de Belem do Pará», instrumento internacional que consagró el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia.
Según destacaron las autoridades, esta normativa cuenta con un mecanismo de supervisión judicial de medidas cautelares para garantizar su cumplimiento y permanencia, mientras que también fortalece el rol de representación jurídica del país.
Asimismo, define el concepto de violencia de género y sus distintas expresiones, entre ellas la física, psicológica, sexual, económica y gineco-obstétrica.
La promulgación se realizó este sábado en el Museo de la Educación Gabriela Mistral y contó con la presencia de diversas autoridades de Gobierno, además de más de 200 mujeres de organizaciones de la sociedad civil.
Durante esta ceremonia, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, abordó el caso de Ámbar Cornejo, que volvió a la palestra tras el hallazgo de dos cadáveres por la confesión de su asesino, Hugo Bustamante, en Villa Alemana.
«Es importante recordar que, en ese caso, Ámbar Cornejo tenía intervenciones desde distintas instituciones del Estado. Ámbar era usuaria del programa de Integración Escolar. Ámbar contaba con medidas decretadas por el tribunal de familia relativo al pago de pensiones de alimento que ella misma cobraba. Ámbar contaba con una intervención respecto al Servicio Nacional de menores de la época», advirtió la secretaria de Estado.
Debido a esto, aseguró que algo en lo que han avanzado «y que esta ley va a reforzar, es la coordinación entre las instituciones, porque con todas esas intervenciones (que tuvo Ámbar), aún así no se detectó el riesgo en el que ella estaba».
