El Gobierno realizó un positivo balance de los dos años del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, destacando una notoria baja de los ataques incendiarios gracias el apoyo del Ejército en las labores que realizan Carabineros y la PDI en caminos y carreteras de las provincias de Malleco y Cautín.
«Tenemos una disminución de los hechos de violencia en la región respecto al 2023 del 46 por ciento. En el caso de los atentados incendiarios, tenemos una baja -de acuerdo a los antecedentes de Carabineros- del 56 por ciento», detalló el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva.
«Hay casi la misma cantidad de detenidos (1.050) que el año 2023 respecto a personas vinculadas a violencia rural», agregó la autoridad regional.
El presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, sostuvo que «a dos años de la instauración del estado de excepción, en mayo de 2022, creemos que ha sido una herramienta que ha servido. Las Fuerzas Armadas (FF.AA) recorren, controlan y vigilan caminos, pero no pueden actuar, y ahí creemos que se debiera avanzar».
«Las FF.AA deberían tener, ahora con las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), una mayor participación de los operativos, de la búsqueda, del control del territorio», agregó el dirigente de uno de los sectores más afectados por la violencia rural en la zona.
Las autoridades también consideraron un gran golpe a la violencia rural la condena del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien deberá cumplir 23 años de presidio.
Sin embargo, desde el Ministerio Público insistieron en que la condena del comunero mapuche no significa que se haya desarticulado a esa organización radical que opera en la Macrozona Sur.
