El Gobierno postergó para la próxima semana el envío de su propuesta para revertir pensiones de gracia a personas que hayan cometido delitos.
El próximo lunes, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja recibirá a la contralora subrogante Dorothy Pérez, quien entregará una opinión jurídica sobre la posibilidad de invalidar o revocar el otorgamiento de pensiones de gracia.
Esto, particularmente por los casos de Andrés Fuica, Gabriel Allende, Adán Castro, Eliseo Carrera y Jonathan Parra, que habiendo recibido este beneficio se ha detectado que han cometido delitos y que tienen antecedentes penales.
Aunque desde la Contraloría emitan un pronunciamiento, existen dudas respecto de que puedan revocar o invalidar una pensión ya otorgada, menos sin un cambio legal.
Por lo anterior, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, aseguró que el lunes serán tramitadas en el Congreso dos indicaciones del Ejecutivo de ese propósito.
«Nosotros tenemos una clara determinación de revocar beneficios, pero si lo hiciéramos sin certeza jurídica, esa persona recurriera a la Justicia y fuera revertida la decisión que tomó el Gobierno, en este caso el Presidente de la República, ¿cuál es la confianza que podría tener el país respecto a las decisiones que tomamos?», expresó el subsecretario.
«Por eso que estamos buscando certezas jurídicas y un mandato legal expreso para ejercer esa facultad. Normalmente las leyes no tienen un efecto retroactivo», puntualizó.
Las indicaciones irían en la vía de dar atribuciones al Mandatario para revocar pensiones de gracia ya otorgadas y, la segunda de ellas, a obligar tener a la vista los antecedentes penales antes de otorgar pensiones. Esa obligación hoy no existe.
Por lo mismo, se entregaron 17 pensiones de gracia a personas con antecedentes penales en el gobierno anterior, y 24 de estos beneficios en la actual administración.
