Luego de más de 50 días de bloqueo, el Gobierno designó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para que realizar las gestiones necesarias y destrabar el paro que afecta el Puerto de Coronel. Desde el Ministerio de Transportes confirmaron a Emol que el secretario de Estado viajará mañana a Concepción y se reunirá a las 8:30 con representantes de la empresa y a las 13.00 con los trabajadores, habiendo confirmado una persona por sindicato.
En la cartera recalcan que, si bien se trata de un puerto privado y el problema actual es de índole laboral, «el ministro de Transportes y Telecomunicaciones se involucrará en virtud de la importancia que reviste la logística para el país y su desarrollo». El bloqueo en Puerto Coronel, el cual se aproxima a cumplir dos meses, ha generado daños incalculables al ecosistema productivo, exportador, económico y a la imagen internacional del sistema logístico de la región, y cuyos efectos futuros aún son difíciles de prever.
Cálculos superficiales hablan de pérdidas de al menos US$75 millones producto del paro y no es aventurado vincular esto con la la caída de más de US$300 millones que registró en abril la carga marítima en el Biobío. La aproximación que ha tenido el Gobierno al paro ha generado críticas desde la oposición, comparándolo a la postura frente a las movilizaciones de camioneros en el norte. Mientras en ese caso el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve aseguró que se aplicaría «todo el rigor de la ley», la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, inquirió a la empresa a «buscar soluciones» por la huelga en Coronel.
Cómo avanzará el conflicto en el mayor terminal marítimo en la Región del Biobío, por ahora, es una incógnita, debido fundamentalmente a las miradas opuestas sobre el origen de la disputa que por un lado tienen los trabajadores y, por otro, la compañía. Por un lado, la empresa ha dicho que el paro de los trabajadores eventuales (prestan servicios, pero no contratados como empleados) comenzó porque estos rechazaron que se comenzara a ejecutar la política de alcohol y drogas, lo que conllevaba que se tengan que someter a test aleatorios y posibles sanciones.
La norma está vigente desde 2017, pero se reactivó luego de un accidente en que el puerto afirma hubo al menos una persona involucrada que había consumido algún tipo de droga. Una mirada muy distinta es la que tienen los movilizados respecto a la génesis del problema. Dicen que esto se debe a una serie de repentinos cambios que implementó la empresa cuando llegó el nuevo gerente general, Patricio Román, sobre todo lo que dice relación con la reducción de turnos de trabajadores eventuales.
