El gobierno interino del Perú declaró emergencia en toda la frontera con Ecuador tras la ola de violencia que se desatara este martes en su país vecino. Las autoridades del ejecutivo ordenaron el despliegue de efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional en la zona limítrofe norte. La medida del régimen de la mandataria Dina Boluarte afecta a cinco regiones peruanas: Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca y Loreto. No se informó el plazo en que estará activa esta declaratoria.
La cartera de Interior informó que el ministro Víctor Torres dispuso “el envío inmediato de un contingente de la DIROES de la Policía para reforzar la seguridad en la línea de frontera con Ecuador”. El jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, explicó que Boluarte determinó el viaje de los ministros de defensa e interior hasta la región Tumbes para coordinar el trabajo de seguridad en la zona limítrofe.
Perú comparte una frontera de más de 1.500 kilómetros con Ecuador, pero el gobierno peruano no aclaró el número de agentes que se desplegarán en las cinco regiones. El ejecutivo de Lima precisó que los policías viajarán a la frontera para reforzar las medidas de seguridad. Los efectivos también deberán apoyar a los agentes que se desempeñan en los pasos de control del tránsito de las personas.
Alberto Otárola manifestó que “queremos hacer un llamado a la calma y a la tranquilidad a nuestros connacionales, tanto a los que están en el Ecuador como los que están especialmente en la frontera”. El jefe del gabinete de gobierno del Perú comentó que también habrá presencia de efectivos del ejército en la frontera, aunque no precisó el número de militares, ya que es un tema que se encuentra en evaluación.
La República informa que este miércoles los ministros del interior y de defensa se reunirán en Tumbes para determinar las medidas operativas en la frontera con Ecuador. Alberto Otárola precisó que “lo que nos corresponde a nosotros es velar por la seguridad e intereses del país”. Ecuador enfrenta un “conflicto armado interno” con el levantamiento de los grupos criminales contra las instituciones.
