El Gobierno confirmó este miércoles que presentará un veto para reponer las multas por no cumplir con el voto obligatorio, luego de que el Senado rechazara en la víspera el informe de la comisión mixta sobre las discrepancias entre ambas cámaras al respecto, en el marco del debate del proyecto que fija en dos días las elecciones municipales y regionales de octubre.
Con votos en contra y abstenciones del oficialismo, la Cámara Alta desestimó el acuerdo que buscaba restituir las multas a los ciudadanos que no voten y no tengan justificación, pero rebajando el monto máximo aplicable (entre 0,5 y 2 UTM), dado que el original (hasta 3 UTM) era demasiado alto, según reclamó el mismo sector en la Cámara Baja en los trámites anteriores.
El punto en discordia esta vez fue que la comisión mixta había incorporado al grupo sujeto a la sanción a los extranjeros habilitados para sufragar. La Constitución consagra que aquellos avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos, «podrán ejercer» este derecho, es decir, se les abre la posibilidad, pero no están obligados.
«Históricamente en Chile la sanción para quienes no participaban de las elecciones solo se aplicaba a los ciudadanos», puntualizó el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, reafirmando la propuesta original del Ejecutivo, que apuntaba sólo a los ciudadanos, mas no al electorado en general.
Pese a esa discrepancia con el texto de la comisión mixta, el secretario de Estado adelantó que el Presidente Gabriel Boric insistirá en reponer la multa y enviará un veto después de que el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados tengan la próxima semana su período regional y distrital, respectivamente.
«Vamos a trabajar los detalles técnicos durante la semana regional o distrital. Hay una serie de otros aspectos que tendrán que ser considerados eventualmente para que la ley quede en forma, y de esa manera, consagrar la obligación para la participación en las elecciones conforme lo establece el mandato constitucional», expuso.
De todos modos, precisó que mantendrá la aplicación de la multa sólo a los ciudadanos.
Desde la Cámara Baja, el diputado Juan Antonio Coloma Álamos (UDI) valoró, primero, que «queda claro, con lo que acaba de exponer el ministro Elizalde, que aquí al parecer un alma más sensata del Gobierno ha entendido lo relevante de vetar una ley que fue, en forma inentendible, rechazada en el Senado, para asegurar que los chilenos vayan a las urnas a elegir a cada uno de sus representantes».
Sin embargo, aseguró que en la oposición «vamos a seguir insistiendo en la importancia de que también los extranjeros tengan esta obligación de votar».
El rechazo al informe también significó la caída del ajuste a la baja del valor reembolsable a candidatos y partidos por los votos recibidos, y de la inclusión de regulaciones para la propaganda electoral en plataformas digitales, redes sociales y medios regionales concesionados.
La matriz del proyecto, que es habilitar la realización de las elecciones de alcaldes, concelajes, gobernadores y consejeros regionales de octubre en dos días, ya había sido aprobada por ambas cámaras, por lo que es por ahora la única disposición en condiciones de convertirse en ley.
