En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fue formalizado este jueves el excarabinero Javier Molina, quien presuntamente disparó -accidentalmente- a un compañero mientras ambos «pituteaban» la madrugada del pasado domingo como guardias de seguridad en el Teatro Caupolicán.
El hecho ocurrió cuando la víctima, el sargento segundo Rodrigo Puga, recibió al menos un impacto de bala percutada por otro funcionario policial -quien fue detenido ese domingo y dado de baja de la institución-, en el marco de un enfrentamiento con un grupo de sujetos que cometían delitos en el sector, todo mientras realizaban labores de seguridad privada en un evento.
El ahora expolicía confesó su participación, y esta jornada fue formalizado por los delitos de cuasidelito de homicidio y porte ilegal de arma de fuego.
«Molina acciona el arma -y está filmado, se ve el fogonazo, se escucha en el audio- en contra de un tercero, probablemente un extranjero, y luego, en la huida de todo el grupo, la víctima cae al piso, y el funcionario tropieza sobre él -y se puede observar nítidamente en la filmación que se escucha el disparo- y hace una acción con el brazo, que sería coincidente además con lo que arroja la autopsia», explicó la fiscal jefe de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Macarena Cañas.
La persecutora profundizó que «luego de mantener el arma en su mano y sin tomar medida de seguridad alguna, el imputado corre con ella en dirección a calle San Diego, percatándose que la víctima, Rodrigo Hernán Puga Herrera, había caído al suelo producto de la huida. Instantes en que el imputado cae sobre la víctima que estaba en el suelo y al mantener dicha arma en su mano, sin ninguna medida de seguridad, ésta se dispara en contra de la víctima».
«Producto de ello, le causa una lesión en la zona abdominal, sin salida de proyectil, la que finalmente ocasiona la muerte», señaló la persecutora.
«FALTA DE COLABORACIÓN» DE EXUNIFORMADOS
Agregó que «de la misma manera cuando hay investigaciones de la Fiscalía que puedan afectar a algún funcionario público, nosotros dimos las instrucciones para que el Daicar (Departamento de Asuntos Internos de Carabineros) proceda a hacer sus investigaciones propias».
La persecutora también afirmó que eran cuatro los carabineros que prestaban servicios en el mencionado recinto durante este fin de semana, y adelantó que el último de ellos también fue dado de baja de la institución.
Dicho esto, Cañas hizo ver que «la investigación se tornó muy dificultosa por la falta de colaboración de los testigos, particularmente varios de ellos en calidad de funcionarios públicos, quienes debieron colaborar con veracidad, con transparencia, cuestión que no hicieron».
La Fiscalía solicitó como cautelares el arresto domiciliario nocturno y firma semanal para Molina, además de prohibición de comunicación entre el imputado y los testigos de la causa, medidas a las que accedió el Juzgado de Garantía.
El tribunal fijó 150 días de plazo para la investigación del crimen, periodo durante el cual el imputado tampoco podrá acercarse al teatro.
Por su parte, la Defensoría Metropolitana Norte inició un sumario a un funcionario de su institución, quien actualmente forma parte de la causa en calidad de testigo, con el fin de cautelar el deber de la transparencia y la responsabilidad administrativa que exige la ley a sus miembros.
PREOCUPACIÓN DE PRODUCTORAS
Si bien inicialmente el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, deslizó la posibilidad de cerrar el Teatro Caupolicán, luego aclaró que la intención del Gobierno es fiscalizar que allí se cumplan todas las normas para su funcionamiento.
Al respecto, el gerente general de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), Cristián Tupper, hizo un llamado a las autoridades «para que se aseguren de que las medidas adoptadas en torno a estos espacios culturales y de entretenimiento sean justas, proporcionadas, y estén basadas en hechos concretos».
«No podemos permitir que, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país, se vulneren los derechos de los ciudadanos de acceder a la cultura y entretenimiento en recintos que cumplen con la normativa», emplazó.
