La Fiscalía Local de Osorno informó que cuatro integrantes de una agrupación delictual fueron sentenciados a penas que, en su totalidad, alcanzan los 74 años de cárcel efectiva por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones.
La información fue confirmada por la Fiscal Jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, quien lideró la persecución penal contra el grupo, detallando que el resultado del juicio oral culminó con la elevada condena para los cuatro imputados, además de la imposición de una multa global que asciende a 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a más de 32 millones de pesos chilenos.
La investigación que se remonta al año 2023 señala que se detectó la operación de un grupo coordinado que había establecido su centro de operaciones en un campamento ubicado en el sector de Rahue, uno de los más poblados de la ciudad. Desde allí, planificaban y ejecutaban la venta y distribución de sustancias ilícitas.
La Fiscal De Miguel señaló que el trabajo investigativo se desarrolló en estrecha colaboración con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno. «Empezó esta investigación con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la ciudad de Osorno, en respuesta a lo cual se pudo establecer el modus operandi, además del uso de armas de fuego para la seguridad de este mismo grupo», declaró la persecutora.
La fiscalía logró acreditar ante los jueces del Tribunal Oral en lo Penal que la organización no solo se dedicaba al narcotráfico, sino que también disponía de armamento para proteger su territorio y repeler a bandas rivales, aumentando significativamente el nivel de peligrosidad de sus acciones y el riesgo para los vecinos del sector.
El modus operandi de la banda incluía una estructura jerárquica y una distribución de funciones para la adquisición, dosificación y comercialización de la droga. Las diligencias investigativas de la PDI, que incluyeron seguimientos, vigilancias y otras técnicas autorizadas por la ley, permitieron reunir las pruebas necesarias para formalizar a los implicados y, finalmente, llevarlos a juicio.
