El sábado recién pasado entró en vigencia, con su publicación en el Diario Oficial, la nueva ley que fortalece la inclusión laboral de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez en Chile, en la que se aumentó no solo la cuota de contratación, sino también los mecanismos de fiscalización y cumplimiento para garantizar un acceso más equitativo y sostenido al empleo para este grupo de la población.
Para asegurar el cumplimiento efectivo de la ley, la nueva normativa refuerza la fiscalización a cargo de la Dirección del Trabajo y establece multas mensuales por cada mes en que se constate incumplimiento, sanciones que se aplicarán por cada persona con discapacidad que no haya sido contratada, lo que representa un cambio significativo respecto al régimen actual.
Por otro lado, las empresas estarán obligadas a crear y mantener protocolos de ambientes laborales inclusivos, alineados con los principios de la Ley N° 20.422 sobre igualdad de oportunidades. Estos protocolos deberán ser compartidos anualmente con todos los empleados, asegurando así un entorno laboral que promueva la diversidad y la inclusión.
Y quizás uno de los cambios más importantes en términos de empleabilidad es que se incluye al sector público, permitiendo que personas con discapacidad que hayan completado sus estudios en escuelas especiales puedan acceder a cargos en la administración pública, eliminando así una barrera significativa para su contratación. El Servicio Civil y la Contraloría General de la República serán las encargadas de velar por el cumplimiento de estas disposiciones en el sector público.
Para Soledad Lara, subgerente comercial y asesora experta en Inclusión Laboral de Fundación Descúbreme, «uno de los cambios más destacados es el aumento de la cuota de contratación obligatoria de personas con discapacidad, que pasa del 1% al 2% del total de trabajadores en empresas y organismos públicos. Sin embargo, hay que tener presente que este incremento sólo será efectivo cuando el 80% de las empresas cumplan con la cuota actual del 1%, lo cual será verificado anualmente por el Ministerio de Desarrollo Social».
En cuanto a las donaciones, «se mantiene la opción, para aquellas empresas que no puedan cumplir con la cuota de contratación, de donar fondos a organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, se establece que sólo el 50% de la donación puede dirigirse a una sola entidad, y al menos una de las organizaciones beneficiarias debe estar ubicada fuera de la Región Metropolitana. Esta medida busca impulsar el desarrollo inclusivo en regiones menos favorecidas», añadió la experta.
