El pasado miércoles se realizó una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados para tratar la solicitud de algunos parlamentarios oficialistas de cerrar Punta Peuco.
La discusión surge en el marco de los 50 años del golpe de Estado, los que se conmemorarán este lunes 11 de septiembre.
En concreto, en la sesión se analizósi se justifica la existencia de un penal especial para reos condenados por violaciones a los Derechos Humanos, como también la posibilidad de estudiar su eventual optimización, para que reciba a privadas de libertad embarazadas o con hijos.
El autor de esta última idea, el diputado socialista Juan Santana, expresó que «no queremos someter a ninguna vejación a quienes estén cumpliendo condena en este recinto. Lo único que nos interesa es que en una sociedad democrática los privilegios penitenciarios no estén reservados para los violadores de DDHH, sobre todo en un país donde existe una población que requiere con mayor necesidad las instalaciones donde ellos se encuentran».
¿Qué dijo el Gobierno?
Luego, en representación del Ejecutivo intervino el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien se refirió a la situación penitenciaria del país. «Cuando asumimos como gobierno existían 41 mil personas privadas de libertad, entendiendo que las capacidades de nuestros 80 establecimiento penitenciario a lo largo del país, son para 42 mil personas privadas de libertad», dijo.
«Sin embargo, a septiembre de este año tenemos 52.516 personas en esos 80 cárceles, lo que implica que hay un 124% de ocupación a nivel general. Esto lo digo para que veamos el contexto que tenemos a nivel penitenciario», añadió.
Por lo mismo, enfatizó que «el Estado de Chile no está en condiciones de cerrar ningún establecimiento penitenciario, de hecho es más, lo que estamos haciendo es reabriendo establecimientos que se encontraban en desuso».
En ese sentido, mencionó que «repoblamos el establecimiento de alta y máxima seguridad de Santiago, estamos reabriendo la cárcel de Pozo Almonte, estamos pronto a inaugurar la ampliación del recinto penitenciario Biobío. Estamos tratando de que nuestro Estado cumpla con la demanda que existe al interior de nuestro sistema».
Condenados por violaciones a DDHH
Respecto a condenados por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, el subsecretario indicó que alcanzan a 246 personas, de las cuales 134 están en Punta Peuco y 112 en Colina 1, ambos módulos con una ocupación de 119% y de 113%, respectivamente.
En cuanto a la situación de las mujeres, dijo que se trabaja por sus DD.HH. Afirmó que se plantea considerar infraestructura penal femenina construida con perspectiva de género, como recomiendan organismos internacionales, y explicó que se trabaja en la remodelación materno infantil del Centro Penal Femenino de Santiago. Gajardo agregó que existen 125 presas embarazadas o con hijos menores de 2 años.
La solicitud
Culminado el debate se aprobaron cuatro resoluciones. En ellas se solicita al Presidente de la República que instruya una serie de medidas, entre ellas,el cierre del penal de Punta Peuco y el traslado de los internos a otros penales comunes. En ese ámbito se propone su reubicación en un módulo especial en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1.
Asimismo, se pide que se instruya al Ministerio de Justicia disponer que las referidas instalaciones puedan ser utilizadas para recibir a otros condenados que lo necesiten, tales como mujeres embarazadas o aquellas mujeres que requieran de mejores condiciones para estar con sus hijos. Otra opción planteada es que el recinto tenga un destino cultural.
