Tras el masivo operativo de Carabineros que concretó el desalojo del predio en el sector Pulameno, comuna de San Juan de la Costa, cerca de 25 personas —incluidos adultos mayores— debieron pernoctar a un costado de la Ruta U-40. Los afectados denuncian falta de soluciones habitacionales y han convocado a una reunión de emergencia con autoridades locales para esta tarde en el mismo lugar de la ocupación.
Luego del procedimiento ejecutado la mañana del martes por efectivos de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, la situación de la familia Pinol Ancapan y los demás ocupantes del predio se ha tornado crítica. Según reportes entregados durante la jornada de hoy, el grupo, compuesto por aproximadamente 10 núcleos familiares, se mantiene a la intemperie custodiando sus pertenencias, las cuales quedaron apiladas a la orilla de la carretera.
Voceros de los desalojados describieron las precarias condiciones en las que pasaron la noche, improvisando refugios para protegerse del frío costero. «La gran mayoría de las cosas quedaron a la intemperie, donde algunos pasaron la noche para cuidarlas. Creamos dos espacios entre latas y nylon para poder tener un poco de abrigo», relataron los afectados, agregando que, si bien algunos enseres menores fueron resguardados por parientes, el grueso del mobiliario permanece en la vía pública.
Respecto a la respuesta estatal, los comuneros confirmaron que recibieron apoyo en alimentación durante el día de ayer y la visita del alcalde de la comuna cerca de las 01:00 de la madrugada. Sin embargo, acusan la inexistencia de una solución práctica para el realojamiento de las familias.
«Todavía no hay soluciones respecto a dónde se quedarán las familias ni dónde guardar las pertenencias», señalaron. Para intentar destrabar el conflicto, se programó una reunión en terreno con las autoridades para las 14:00 horas de este miércoles, la cual se llevará a cabo en la misma faja fiscal donde se encuentran asentados provisoriamente.
Los afectados agradecieron el apoyo de vecinos y miembros de otras comunidades (peñis y lamuens) que acudieron al lugar durante la noche para acompañarlos, aunque advierten que la incertidumbre persiste.
El origen del procedimiento policial radica en una disputa judicial por un terreno de aproximadamente 54 hectáreas. La familia Pinol Ancapan sostiene que sus derechos sobre el predio emanan de décadas de ocupación y cuidado de sus tíos fallecidos, propietarios originales que no dejaron descendencia directa. No obstante, la comunidad jurídica del sector inició acciones legales por ocupación ilegal, desconociendo dicho vínculo.
Los desalojados han sido enfáticos en criticar el rol de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en este proceso. «Nos complica mucho que, bajo el amparo de Conadi, se esté dando esta situación. Los representantes judiciales de Conadi son quienes están obrando de esta forma para resolver una disputa entre familias mapuche», indicaron previamente, calificando el uso de fuerza policial —que incluyó carros blindados y lanzaaguas— como «desmedida» para un conflicto entre particulares.
Fuente: Paislobo.
