Opinión:
La discusión del Presupuesto 2027 no puede sólo limitarse a comparar cifras globales, también debe preguntarse dónde se concentra el ajuste, qué funciones públicas podrían debilitarse y qué efectos tendría en las comunidades que dependen de sus universidades. En este proyecto, los recursos de educación superior del Ministerio de Educación disminuyen respecto del presupuesto vigente, y es el Programa de Fortalecimiento de la Educación Superior Pública el que concentra la disminución más importante. En este contexto, menores recursos pueden traducirse en menos margen para sostener apoyos estudiantiles, equipos académicos, investigación, inversión y actividades de vinculación.
Este impacto no se distribuye de manera uniforme. Una reducción de recursos puede ser especialmente difícil de absorber para universidades pequeñas y más aisladas, que cuentan con menos margen financiero y enfrentan mayores costos para sostener actividades en territorios extensos o distantes de los principales centros urbanos. En ellas, mantener una carrera, un laboratorio, un equipo académico o un programa de apoyo estudiantil puede requerir esfuerzos y recursos que no se reflejan en una comparación presupuestaria general.
Las universidades regionales cumplen una tarea que va más allá de impartir clases. Forman profesionales para sus territorios, producen conocimiento y colaboran con comunidades, municipios, servicios públicos y sectores productivos. En algunas regiones, constituyen la única alternativa universitaria presente; en otras, representan una parte mayoritaria de la oferta. Su presencia permite que jóvenes accedan a la educación superior sin tener que abandonar necesariamente sus lugares de origen y contribuye a que las capacidades profesionales y científicas se desarrollen en las propias regiones.
Por eso, el financiamiento de las universidades estatales también define el tipo de desarrollo que queremos para el país. Cuando se reducen o eliminan instrumentos de apoyo territorial —como Educación Superior Regional, el Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN) o el Plan de Fortalecimiento— no solo se ajustan partidas presupuestarias: también se restringe la continuidad de iniciativas culturales, científicas y de vinculación con el medio que conectan a las instituciones con las necesidades locales y nacionales. Al no contar con un mecanismo que asegure la continuidad de las capacidades ya instaladas, se genera una incertidumbre adicional.
La investigación pública también forma parte de este compromiso. Las universidades estatales generan conocimiento, sostienen equipos y laboratorios, forman investigadores y contribuyen a responder preguntas que no siempre ofrecen resultados comerciales inmediatos. Parte de ese trabajo aborda desafíos relevantes para cada territorio: salud, educación, medioambiente, producción, patrimonio y bienestar de las comunidades. Si los recursos se estrechan, existe el riesgo de postergar proyectos, perder equipos y reducir la capacidad de colaborar con actores regionales. El proyecto, además, reduce los porcentajes de excedentes del Fondo Solidario que las universidades pueden utilizar, a pesar que se trata de recursos propios, provenientes principalmente de la recuperación de créditos.
Las universidades estatales comprenden que el país enfrenta restricciones fiscales y que se deben utilizar los recursos con responsabilidad. La discusión, sin embargo, debe considerar que la disminución de presupuesto puede debilitar instituciones que cumplen funciones públicas esenciales, en particular en zonas donde existen pocas alternativas para sostener la formación, la investigación y la presencia cultural.
El Congreso tiene la oportunidad de revisar esta propuesta y compatibilizar la responsabilidad fiscal con un financiamiento suficiente y oportuno. Recuperar la base institucional, reponer herramientas de equidad y desarrollo regional, proteger programas de acompañamiento y asegurar la continuidad de las capacidades públicas no es una demanda corporativa: es una apuesta por el desarrollo equilibrado del país. Chile necesita universidades estatales capaces de permanecer, investigar y trabajar junto a sus territorios.
Por Oscar Garrido A, Rector Universidad de Los Lagos.
