La expresidenta argentina Cristina Fernández aseguró este viernes que el próximo 18 de junio se presentará ante la justicia para empezar a cumplir su condena de seis años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ratificada el martes pasado por la Corte Suprema.
«El próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py (tribunales federales) para estar a derecho, como siempre lo he hecho», aseguró Fernández este viernes en mensaje en su red social X.
En su mensaje, la exjefa de Estado dio los motivos por los cuales solicitó su prisión domiciliaria, algo que, por ser mayor de 70 años, la justicia puede o no concederle. «No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal», aseguró la exmandataria.
Fernández argumentó, por un lado, que, por el mero hecho de haber sido presidenta, está obligada a contar con custodia de por vida: «Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella».
A su vez, se explayó sobre el intento de magnicidio que el 1 de septiembre de 2023 intentaron consumar contra ella: «Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos».
Varios dirigentes peronistas reclamaron este jueves que Fernández sea tratada «con decoro» y que la Justicia no haga un «show de degradación», al negarle el beneficio de la prisión domiciliaria. Argentina tuvo ayer otra jornada marcada por movilizaciones y cortes de tránsito en algunas de las principales arterias de acceso a la ciudad, en contra de la decisión judicial.
Además, un grupo de miembros de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas acamparon frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia. El fallo de la Corte imposibilita que Fernández se postule como candidata a legisladora en las elecciones de la provincia de Buenos Aires programadas para septiembre, en la antesala de los comicios parlamentarios nacionales que se celebrarán en octubre.
Fernández fue hallada culpable en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).
