Una investigación especial de la Contraloría, contenida en el Informe Nº 930 de 2024, constató deficiencias en los procedimientos de control de armas implementados por la Autoridad Fiscalizadora Nº28 del OS-11 de Carabineros de Chile a personas poseedoras de armas inscritas.
Dicha investigación detectó que dicha Autoridad Fiscalizadora N° 28 no realizó validaciones previas a las inspecciones para enfocar sus procesos de control a personas de su jurisdicción que, teniendo armas inscritas fueron condenadas con posterioridad por crimen o simple delito, con el objetivo de confiscar tales armas.
Por otra parte, el informe reveló que, a partir de una muestra de las actas de fiscalización correspondientes al período auditado, se identificaron 37 armas asociadas a 26 personas en que dichas armas, si bien fueron inspeccionadas por la autoridad luego de que sus titulares fueran condenados por delitos o simples delitos, éstas no fueron incautadas o, en su defecto, la situación no fue denunciada al Ministerio Público, lo que constituye «un grave incumplimiento» de sus obligaciones legales.
La auditoría también detectó que en 30 inspecciones realizadas a armas inscritas cuyos titulares eran personas fallecidas, estas no fueron encontradas en sus domicilios ni se acreditaron las transferencias conforme a la normativa. Si bien el sistema informático de control registraba que se habrían efectuado las denuncias correspondientes, la autoridad fiscalizadora no pudo respaldar dichas denuncias con documentación válida.
Por las situaciones advertidas, la Contraloría General iniciará un procedimiento disciplinario directo y remitió los antecedentes al Ministerio Público.
