La Corte Suprema dio pie atrás en la compra de 22 vehículos marca Lexus, avaluados en más de $50 millones cada uno, y determinó hoy jueves dejar «sin efecto» de la adquisición. El pleno de la instancia mantuvo una reunión la mañana de hoy jueves para discutir la decisión, la que había sido aprobada por la corte el 2 de febrero.
Luego de cerca de dos, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, sostuvo tras mencionar una serie de puntos que «atendida las consideraciones expuestas con la cuenta detallada del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus modelo ES300h».
El organismo desembolsaría poco más de $1.200 millones, lo que provocó una tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Esto, ya que la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó ayer que «no está visada». En la declaración pública se señala que a «la Corte Suprema toma sus decisiones en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios, ponderando y analizando en su mérito los antecedentes de que se dispone al momento de adoptarlas».
También indica que «este tribunal no es ajeno a la contingencia», por lo que «la decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en el año 2014, se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental».
También se puntualiza que «si bien la Ley de Presupuesto para el año 2024 no contempló la citada renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial, (…) ratificándose el acuerdo previo adoptado por el Ministro de Hacienda con el ex Presidente de la Corte Suprema y dos Ministros Consejeros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y el Director de esta última, que incluía la renovación de los vehículos institucionales».
