La comisión fue presidida por la ministra de la Corte de Apelaciones valdiviana, María Soledad Piñeiro, y estuvo conformada, además, por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno Héctor Hinojosa y Claudio Vicuña; el juez del Juzgado de Garantía de Valdivia, Carlos Acosta y el magistrado del Juzgado de Garantía de Osorno, Marcelo Klagges.
La decisión de rechazar o aceptar las solicitudes de los internos se tomó en base a informes psicosociales elaborados por Gendarmería, los cuales evaluaron los factores de riesgo de reincidencia de cada postulantes.
Asimismo, la comisión debe chequear el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena o dos tercios (dependiendo del tipo de delito), haber mantenido el interno una conducta intachable en el establecimiento penal en los cuatro bimestres anteriores a la postulación o tres bimestres en el caso que la condena impuesta no exceda los 541 días, riesgo de reincidencia y posibilidades de reinserción social.
Tras analizar los antecedentes, la Comisión –que se reunió entre el 10 y 13 de octubre– aprobó la libertad condicional de siete internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno y rechazó 42; del Centro de Estudio y Trabajo de Osorno se aprobaron ocho y se rechazaron 27; del Complejo Penitenciario de Valdivia se aprobaron 14 y 127 fueron rechazadas. Se omitió pronunciamiento en 18 casos. Finalmente, de los postulantes del Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia se aprobaron 13 solicitudes y se rechazaron siete.
El informe que debe adjuntar Gendarmería es elaborado por las duplas de profesionales psicosociales del organismo y tiene por objetivo orientar a los integrantes de la comisión sobre los factores de riesgo de reincidencia en el medio libre del postulante. Dicho informe contiene, además, los antecedentes sociales y las características de personalidad del condenado, dando cuenta de si tiene conciencia o no de la gravedad del delito cometido, del mal causado y su rechazo explícito a dichas conductas.
Quienes obtienen el beneficio, quedan sujetos a la supervisión de un delegado de libertad condicional de Gendarmería, quien en un plazo de 45 días desde su designación, deberá elaborar un plan de intervención individual, el cual debe ser suscrito por el beneficiado, comprometiéndose a dar cumplimiento a las condiciones impuestas, tendiente a su rehabilitación y reinserción social. La comisión puede revocar la libertad condicional si no se cumple dicho plan, en cuyo caso, se ordenará el reingreso del infractora la cárcel, para que cumpla el saldo de la condena.
