La PDI se despliega este jueves incautando documentación desde las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Arica, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Ríos, por los convenios suscritos con las fundaciones En Red y Enlace Urbano.
Los operativos simultáneos fueron ordenados por el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien fuera designado por el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, para hacerse cargo de esta arista específica de la causa.
El fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, quien también trabaja en el caso, explicó a Cooperativa que «se están efectuando diligencias de entrada y registro voluntarias en ocho regiones, que permitan levantar información referente a dos fundaciones, que sumadas involucran un monto de aproximadamente 3.500 millones de pesos».
El despliegue «implica levantamiento de evidencia digital, documental y otros medios de prueba que nos permitan establecer toda la línea documental, la historia de estos convenios», añadió el persecutor.
En el caso de Valparaíso, es el segundo operativo consecutivo que la Brigada de Delitos Económicos realiza en el Serviu, aunque en diciembre buscaban antecedentes sobre los traspasos a Pro Cultura y Arquiduc.
El operativo sorprendió al ministro de Vivienda, Carlos Montes, en una actividad en Independencia sobre la selección de dos proyectos habitacionales para el arriendo a precio justo, desde ahí señaló que la Fiscalía podría haber solicitado los documentos que requería, ya que, recalcó «en ambos casos, estas dos fundaciones, quien hizo la denuncia fue el propio Ministerio».
«Desde que el fiscal de Iquique resolvió llegar al Ministerio, nunca entendimos muy bien por qué lo hacía, porque esa misma información la podría haber solicitado. Hoy está haciendo visitas -porque hasta ahora no han sido allanamientos- pidiendo determinada información en ocho regiones», planteó.
Igualmente, sostuvo que «la actitud del Ministerio ha sido, desde el comienzo, puertas abiertas. Si necesitan llevarse un computador que se lo lleven, pero que lo devuelvan más o menos luego, porque se requiere para trabajar, y a su vez, la información que requieran que no la tengamos en ese momento disponible, entregárselas posteriormente».
En tanto, la Fundación Enlace Urbano registra 24 convenios con seis seremías, ocho de estos fueron suscritos durante la administración anterior y el resto en el actual Gobierno, por su parte, En Red suscribió 23 convenios, de ellos 6 fueron antes de la administración del Presidente Gabriel Boric. El total de todos los acuerdos suman $3.500 millones, que son investigados.
«COMISIÓN INVESTIGADORA 2.0»
La diputada Sofía Cid (RN), una de los querellantes, dijo esperar «que las recientes diligencias en las oficinas del Serviu y la Seremi de Atacama permitan avanzar la investigación de la arista del caso Convenios en nuestra región».
«Cada día que pasa, disminuyen las posibilidades de recuperar esos dineros mal gastados. Necesitamos con urgencia respuestas y, por supuesto, avanzar en el castigo a la corrupción de dónde venga», agregó.
El diputado Rubén Oyarzo (PDG), impulsor de una nueva comisión investigadora del caso Convenios, afirmó que «el mecanismo de defraudación al Fisco a través de fundaciones no se limita a Democracia Viva y a los militantes de RD formalizados y en prisión preventiva».
«Por esta razón, ya se aprobó en la Cámara la comisión investigadora del caso Convenios 2.0, para ir más allá de lo que ocurre en el Minvu y abordar estas operaciones fraudulentas en otros ministerios y en gobiernos regionales», señaló.
