La Contraloría General de la República anunció que realizará una auditoría por la pérdida de stock de vacunas contra el Covíd-19, que fueron desechadas y vencidas.
Esto, tras una denuncia presentada por el diputado Andrés Celis (RN) que fue derivada a la Fiscalía Regional Metropolitano Centro-Norte para su conocimiento y tramitación.
Lo anterior fue informado el pasado 10 de enero, a través de un oficio enviado desde el Ministerio Público al parlamentario de Renovación Nacional.
Contraloría anuncia auditoría por vacunas contra el Covíd-19
Según un documento emitido por el ente contralor, el diputado Andrés Celis solicitó la investigación sobre la gestión de las vacunas Covid-19 por parte del Ministerio de Salud.
Especialmente respecto de aquellas vencidas y eliminadas. Además, sobre la “falta de transparencia en la divulgación de información económica que se le habría solicitado sobre dicho medicamento”.
A lo anterior se suma que “en caso de advertirse irregularidades, efectuar las acciones necesarias para determinar eventuales responsabilidades sobre la materia”.
Tras lo solicitado, la Contraloría informó que “la materia de la presentación en comento será objeto de una auditoría por parte de la División de Fiscalización de esta Contraloría General”.
Valoro que se indague en estas graves irregularidades en la gestión de vacunas contra el Covid-19 del Ministerio de Salud, ya que comprometen la eficiencia y transparencia de las políticas de salud pública.
“Se ha observado falta de transparencia”
Tras lo anterior, el diputado Celis aseguró que “las vacunas vencidas representan un desperdicio de recursos públicos, ya que se adquieren con el propósito de ser administradas de manera gratuita a la población”.
“Este derroche de bienes públicos cobra mayor relevancia en el contexto pandémico y la necesidad de maximizar la eficacia de la campaña de vacunación”, agregó.
A continuación, el diputado complementó que el Ministerio de Salud “ha denegado la revelación de la cifra exacta de dinero correspondiente a las vacunas eliminadas, argumentando afectación al interés nacional”.
Además, “citando la denegación de un recurso de amparo del Consejo para la Transparencia en esa línea. Esta falta de transparencia dificulta la rendición de cuentas y la supervisión adecuada por parte de la ciudadanía y las autoridades”, cerró.
