La Contraloría descartó cualquier ilegalidad en el convenio de colaboración en materia de seguridad que suscribieron el 18 de enero pasado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y las autoridades de Venezuela.
De acuerdo con la determinación del organismo fiscalizador, el Ministerio del Interior «sí está facultado, en su calidad de órgano de la Administración del Estado, para celebrar convenios interinstitucionales de carácter internacional con entidades extranjeras, que incidan en asuntos propios de su ámbito de competencia».
En ese sentido, el pronunciamiento enfatizó que «ajustándose al artículo 35 de la ley N° 21.080, y teniendo en cuenta el recrudecimiento de la delincuencia organizada transnacional, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) de Chile suscribió dicho acuerdo para promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia».
«Y, en ese contexto, pacta con su contraparte, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, la mutua colaboración, para facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de delitos que son expresión de la criminalidad organizada», agregó.
En el convenio, Chile y Venezuela se comprometieron a intercambiar «información biométrica y decidactilar, con finalidades investigativas» para «lograr una indentificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos», así como la «actualización de los listados de prófugos de la justicia compartidos entre las partes, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas».
En el oficio, la Contraloría le contestó a diputados de la derecha Gloria Naveillán, Cristian Labbé y Cristhian Moreira, quienes recurrieron al organismo para que se pronunciara sobre si existía ilegalidad en el documento -en el marco de las críticas surgidas tras el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, perpetrado a finales de febrero en Santiago- a propósito de su potencial funcionalidad a la persecución de opositores políticos.
GOBIERNO: DICTAMEN «CONFIRMA LO QUE SEÑALAMOS DESDE UN COMIENZO»
A través de un comunicado emitido esta tarde, la Subsecretaría del Interior afirmó que el dictamen «viene a confirmar lo que el Gobierno de Chile señaló desde un comienzo, en el sentido de que no se trata de un tratado internacional, sino que sino que de un convenio interinstitucional celebrado conforme a la Ley».
«Este convenio se suma a otros acuerdos suscritos por nuestro país en estas materias, como los establecidos con Bolivia durante 2023, el diálogo que se mantiene con Perú en esta materia, la firma de Chile para su incorporación a AMERIPOL, o la reciente participación de nuestro país en el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCto 2.0) y la III Cumbre de Ministros y Ministras del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), entre otras», señaló la nota de prensa.
Finalmente, la Subsecretaría reafirmó su «decisión de seguir buscando distintos espacios de cooperación internacional, conforme a la establecido en la Política Nacional del Crimen Organizado, para enfrentar el crimen organizado transnacional y garantizar el derecho a la seguridad de los chilenos y chilenas».
