Un tenso procedimiento policial se registró durante la mañana de este martes en la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno. Efectivos de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, apoyados por vehículos blindados y carros lanzaaguas, ingresaron al predio ubicado en el sector Pulameno para desalojar a los ocupantes del terreno, en cumplimiento de un mandato judicial originado por un conflicto de propiedad entre familias mapuche.
Según los antecedentes proporcionados por los afectados, la disputa se centra en un terreno de entre 50 y 60 hectáreas a orillas de la carretera. La familia desalojada, Pinol Ancapan, argumenta que sus integrantes llegaron al lugar hace décadas tras ser llamados por dos tíos —hermanos de la comunidad, ya fallecidos y sin descendencia directa— para trabajar la tierra y brindarles cuidados. Sin embargo, tras el deceso del último de los propietarios originales, la comunidad habría desconocido dicho vínculo, iniciando acciones legales por ocupación ilegal.
Críticas al actuar de Conadi
Desde la familia Pinol expresaron su rechazo a la forma en que se gestó la resolución del conflicto, apuntando directamente a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). «Nos complica mucho que, bajo el amparo de Conadi, se esté dando esta situación. Los representantes judiciales de Conadi son quienes en este momento están obrando de esta forma para resolver una disputa de territorio entre familias mapuche», señalaron voceros de los afectados.
Los ocupantes defienden su permanencia en el lugar apelando a derechos consuetudinarios y de linaje. «Esta es una lucha de décadas como familia Ancapan-Llaitul. Nosotros somos los renuevos (…). Nunca hemos ingresado a un espacio ajeno, siempre nos hemos mantenido en este lugar que hemos cuidado y protegido», agregaron, enfatizando que poseen un «título de comisario muy antiguo».
Alcance del operativo
Si bien la orden judicial apuntaría al desalojo de un núcleo familiar, los denunciantes aseguran que la medida está afectando a un grupo mayor. «Se entendió que el desalojo era para una familia, pero están desalojando unas 10 familias, unas 25 personas, en su mayoría adultos mayores», indicaron. Asimismo, denunciaron que el procedimiento se llevó a cabo mientras muchos integrantes se encontraban fuera del predio por motivos laborales, dificultando el resguardo de sus enseres.
La parte afectada calificó el uso de la fuerza policial como «desmedida», citando la presencia de tanquetas y gran contingente para enfrentar a una comunidad que, según afirman, posee 500 hectáreas y disputa estas 54 por la vía legal. Hasta el cierre de esta nota, el procedimiento de restitución del inmueble continuaba en desarrollo en la ruta U-40.
Fuente: Paislobo.
