Este martes por la tarde, la Comisión de Seguridad del Senado rechazó cuatro de los 14 vetos presentados por el Gobierno a la Ley de Usurpaciones, que serán revisadas en la Sala a partir de mañana.
En concreto, la instancia desestimó las observaciones formuladas por el Ejecutivo para eliminar la legítima defensa privilegiada, suprimir la flagrancia permanente, bajar el rango de penas a la usurpación sin violencia y eliminar el rango rígido de aplicación de las penas.
Los otros 10 vetos fueron aprobados, incluido el que busca sancionar con una multa a quienes sean declarados culpables de usurpaciones no violentas.
En la antesala de la discusión, los parlamentarios de Chile Vamos habían anunciado que como bloque van a rechazar todas las observaciones que pudieran.
Asimismo, adelantaron que una vez que termine la tramitación del veto en el Congreso, van a presentar otro proyecto para tratar de reponer sus iniciativas que se cayeron.
En la previa, el senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática) destacó que durante la tramitación «el Ejecutivo ha hecho esfuerzos jurídicos, técnicos y políticos hablando con las distintas bancadas para tener una ley sensata, una ley que sirva».
«Claramente como salió del Congreso puede escalar los conflictos y la violencia, y no ser efectiva en solucionar los problemas que hay que solucionar respecto de las usurpaciones, sobre todo aquellas que implican daño y violencia, donde hay mafias vinculadas con armas, donde han habido asesinatos, intimidación, etcétera», recalcó el senador.
A su vez, el senador y timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, había afirmado que había «algunos planteamientos del veto que no se ajustan a la legalidad, así que estamos evaluando eventualmente recalificar alguno de los vetos presentados por el Gobierno».
«Llegó el momento de aplicar la democracia; nosotros respetamos las reglas del juego, podemos perder o ganar, y por lo tanto se va a votar», señaló el presidente de la comisión, el senador Felipe Kast (Evópoli), quien descartó finalmente la recalificación.
A juicio del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, eventuales recalificaciones podrían generar un conflicto jurídico.
