El Gobierno de Gabriel Boric presentó el martes en la Tercera Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, celebrada en la sede de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal), su plan nacional para implementar este pacto regional, el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de activistas.
«En este plan se establecieron 56 acciones generales y se identificaron más de 236 medidas específicas, que ayudarán en la implementación de Escazú entre 2024 y 2030. Esto es muy valioso y demuestra nuestro compromiso con el acuerdo, ya que pese a ser Estado parte hace menos de dos años, somos el tercer país en la región en presentar un plan de implementación», expuso el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.
«Con este Plan buscamos implementar progresivamente los estándares de los derechos de acceso en el país y desarrollar acciones que garanticen un ejercicio seguro para todas las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales», agregó la autoridad.
Chile, donde el Acuerdo de Escazú entró oficialmente en vigencia desde septiembre de 2022 -siendo una de las primeras medidas impulsadas por el Gobierno de Boric en el Congreso-, es el cuarto país que presenta una hoja de ruta para su implementación, antecedido por Ecuador, Argentina y la previa presentación en la conferencia de Santa Lucía.
Acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia ambiental son algunos de los lineamientos estratégicos del plan presentado por Chile.
Como muestra de compromiso del Gobierno, el Presidente Boric asistió a la inauguración del evento, donde afirmó que el pacto es una «oportunidad para robustecer» las democracias de la región. Además, asistieron también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
Reconocido a nivel global como un tratado inédito que consolida la democracia ambiental, el Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y vigente desde abril de 2021, solo ha sido ratificado por 15 Estados de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron originalmente, de un total de 33 en la región.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de activistas.
Pese a que Latinoamérica contribuye solo con un 9% de las emisiones globales, es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática.
Latinoamérica es también la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad. El año 2020 fue el más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas.
