Después de tres jornadas de formalización, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, responsables del factoring Factop, y principales imputados por el caso del mismo nombre.
El tribunal aceptó la cautelar solicitada por la Fiscalía Metropolitana Oriente sólo en el caso de los Sauer, sindicados como autores de delitos tributarios, estafa, lavado de activos e infracción a la Ley de Mercado de Valores, quienes cumplirán la medida en el centro penitenciario Capitán Yáber.
Previamente, el juzgado sostuvo que la defraudación alegada por más de 100 empresas distintas, mediante la emisión de casi 10 mil facturas falsas entre 2021 y 2023, era concretada por cada uno de los hermanos.
Así las cosas, atendida la pluralidad de delitos acusados por el Ministerio Público y los numerosos bienes jurídicos afectados, se determinó que la libertad de ambos constituye un peligro para la sociedad.
La Fiscalía también había pedido aplicar la máxima cautelar al socio de Factop, Rodrigo Topelberg, y el gerente general de STF Capital, Luis Flores, pero el tribunal optó por decretar medidas menos gravosas.
En el caso de Flores, a pesar de ser el menos mencionado en la acusación, se reconoció una necesidad de cautela por la pluralidad de delitos y para asegurar su concurrencia a las próximas fases del proceso, por lo que se le ordenó arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Por otro lado, el juzgado dictó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Topelberg, dada su disposición de colaborar con la investigación, aunque también se hizo ver que su rol en el caso puede ser el de un cómplice, ya que los clientes afectados lo vinculan con garantizar el cumplimiento de los pagos.
FISCALÍA PREVÉ QUE SE INCORPOREN MÁS VÍCTIMAS
Concluida la audiencia, el fiscal a cargo del caso, Juan Pablo Araya, resaltó que «en una causa que inicia en agosto, agrupando todas las otras causas que venían desde junio, se ha logrado formalizar por nueve delitos a seis imputados, en un tiempo que creo que es bastante apreciable, y en eso debemos destacar el trabajo de todos los que han intervenido dentro de la Fiscalía Oriente en esta causa».
«Los pasos que siguen son continuar con la acreditación de los delitos, que está en curso, sin perjuicio de que además, entendemos que hay más víctimas que podrían seguir apareciendo, ya que las últimas querellas fueron (presentadas) hace poco», finalizó el persecutor.
Con todo, se fijó un plazo de 180 días para desarrollar la investigación, derivada del llamado «caso audios».
