El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de Concepción en contra de Camila Polizzi, su expareja Sebastián Polanco, Matías Godoy, y Simón Acuña y Tamara Vidal, exfuncionarios del Gobierno Regional (GORE) del Biobío por fraude al fisco, en el marco de la investigación de la “arista lencería” del denominado Caso Convenios.
La acción del organismo también apunta contra todos quienes resulten culpables como autores, cómplices o encubridores en la comisión del delitoque se habría cometido en la celebración del contrato entre el GORE y Fundación En Ti.
Los argumentos del consejo están fundamentados en los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa y que dan cuenta de una serie de acciones ejecutadas de manera concertada, por los funcionarios públicos y los particulares, para defraudar el patrimonio del gobierno regional, a través de la obtención de recursos para el desarrollo del programa Capacitación ciudadana para familias de Barrio Norte, el que sería ejecutado por la organización privada, pese a conocer que no cumplía con las exigencias establecidas, ni contaba con competencias en el área.
De acuerdo con los antecedentes, el perjuicio sería de al menos $66 millones.
Los hechos
De acuerdo con los hechos expuestos por el CDE, en mayo de 2022, Camila Polizzi presentó un proyecto en el GORE del Biobío, que habría desarrollado junto a Polanco, con el objetivo de postular al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), bajo el amparo de una “fundación creada por Polizzi Fonseca, llamada Conce Solidario“, pero esta no cumplía con la antigüedad requerida, pues su vigencia era de un año, no alcanzando los dos años exigidos para poder postular.
Por ello, la también excandidata habría buscado otra fundación, con la antigüedad necesaria, “tomando contacto con Gerardo Silva, presidente y fundador de Fundación En Ti”, obteniendo de él un mandato amplio de administración de bienes, en que le otorgaría a ella la facultad de administrar.
A través de esta fundación, y según recomendación de los propios funcionarios públicos del GORE, Polizzi y Polanco postularon esta vez al Fondo de Desarrollo Regional con el programa denominado Capacitación ciudadana para familias de Barrio Norte, el que sería ejecutado por la Fundación En Ti y que consistiría en una capacitación ciudadana para la prevención de la seguridad situacional que se vive en espacios públicos en el sector de Barrio Norte, en Concepción, y cuyo costo total de inversión sería de $250.635.000 millones de pesos.
Durante la postulación y según consta en los antecedentes revisados por el consejo, el proyecto contó con un Formulario de Pertinencia y Priorización de Iniciativa de Inversión, suscrito por Simón Acuña, jefe del Departamento de Desarrollo Social y Humano, en el que se indica que la iniciativa “es pertinente con los objetivos de la unidad informante y se solicita que se le dé prioridad en la revisión, calificándola como ‘urgente’“.
En dicho formulario, además, Acuña se autodesignó como contraparte técnica para el seguimiento de la iniciativa, sugiriendo personalmente a Polizzi que debía conseguir un organismo técnico de capacitación (OTEC) para su desarrollo, lo que de acuerdo a lo señalado en la querella del Consejo, “permite presumir que tenía el cabal conocimiento que la fundación postulada no cumplía con las exigencias …, esto es, que tuviera competencias en el área de la “capacitación”, pero igualmente estimó pertinente la postulación de la fundación y le dio urgencia a la iniciativa para su aprobación”.
Por ello, tras la firma del convenio entre el GORE del Biobío y la fundación, en diciembre de 2022, Polizzi y Polanco buscaron un OTEC para concretar la labor a realizar, concertándose con Matías Godoy para adquirir los derechos del OTEC, Sociedad FRUMISAL LTDA, tercerizando con ello la ejecución del programa.
Desde el CDE también indicaron que si bien el convenio también estableció, entre otras cosas, que “para efectos de control y seguimiento de la ejecución del programa, se constituirá una contraparte técnica en el GORE del Biobío, quien tendrá por objeto velar por el correcto avance efectivo de las actividades del Programa”, cuya labor recayó en la funcionaria Tamara Vidal, de acuerdo a la querella del CDE, la funcionaria “no realizó la fiscalización que estaba llamada a cumplir para evitar la defraudación de los recursos fiscales, aun cuando estas irregularidades eran evidentes, y podía determinarse de la simple lectura de las rendiciones, que las actividades de capacitación no se estaban ejecutando”.
