La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema sugirió a la Segunda Sala Penal que la investigación por la trágica marcha de conscriptos realizada el pasado 27 de abril en Putre, Región de Arica y Parinacota, donde falleció Franco Vargas, quede en manos de la justicia militar en lugar de la ordinaria.
Según señala hoy El Mercurio, en un informe enviado por el fiscal judicial (s) del máximo tribunal, Jorge Sáez Martin, se consigna que «los eventuales responsables por los presuntos delitos tienen el carácter de militares, según se ha definido por la ley», y que «las presuntas víctimas o perjudicados por los hechos tienen el carácter de militares».
También señala que los hechos investigados, «que se tramitan en ambos tribunales, sucedieron en tiempos de paz y ocurrieron en actos de servicio militar», así como que «tanto por las personas involucradas como por el contexto en que habrían sucedido, resulta irrelevante si la calificación jurídica que se haga de los hechos se refiere a delitos comunes o propiamente militares, en el entendido que los tipos delictivos son aquellos referidos en este informe». Así, en opinión de Sáez, «la investigación de los hechos se trata de una materia que cae dentro de la esfera de conocimiento de los tribunales militares».
De acuerdo con lo consignado por El Mercurio, ahora la Segunda Sala debe resolver -sin que sea vinculante el informe- si la justicia militar o la justicia ordinaria tendrá la competencia en el caso. Hace unos días la sala dictó una orden de no innovar solicitada por el Ministerio Público Militar, en cuyo escrito se leía que el hecho de que la fiscalía sigue haciendo diligencias «entorpece de modo absoluto la función de investigar».
