Una norma de emisiones de gases decretada por el Ministerio del Medio Ambiente, cuya puesta en vigencia se anuncia a contar de octubre próximo, preocupa a los agricultores.
La medida regula emisiones máximas de contaminantes, aplicada sobre maquinaria móvil no de carretera definida en el decreto 39 promulgado en el año 2020, y que afecta directamente a tractores, estableciendo que los importadores deban mostrar un certificado de emisiones previo al ingreso del equipo al país.
Todo este detalle se explicó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados por parte del secretario Ejecutivo de SOFO, Carlo Rojas, quien se muestra optimista al término del encuentro en la Cámara Baja: “La verdad que nos vamos conformes porque recibimos un apoyo transversal de los parlamentarios integrantes de la comisión, presentando a los legisladores oportunamente nuestra preocupación, toda vez que la nueva normativa se haría efectiva en octubre próximo para todo el país.”
Rojas explicó que la acción del gremio es poner toda la implicancia y problemática que significa para la agricultura chilena la nueva normativa, generando la primera reacción de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, que ordenó citar urgente a los ministros de Agricultura y Medioambiente, para establecer medidas que permitan derogar la norma y revertir la entrada en vigencia de esta norma.
La situación se transforma en un problema económico para el productor agrícola nacional, considerando que el 50 por ciento de los tractores llega a Chile desde Brasil y México, para ser integrado al trabajo de la pequeña y mediana agricultura, con la puesta en vigencia de la nueva norma esa maquinaria ya no podrá ingresar al país y deberán ser reemplazados por equipos europeos o americanos, que pueden tener un valor del 70 y hasta el 100 por ciento más caros que los tractores que actualmente están en territorio nacional, adicionalmente estos tractores presentan un mayor costo de mantenimiento debido a la complejidad de sus motores que tienen una mayor tasa de falla y requieren calificación, equipamiento adicional para su reparación y mantención periódica.
“Esta norma no refleja la realidad que vivimos como país ni la realidad de miles de agricultores que día a día, enfrentan regulaciones y costos que son muy diferentes a la agricultura europea donde el 60 por ciento es subvencionada por países que entienden de la seguridad agroalimentaria, permitiendo que el Estado bonifique una gran parte de la maquinaria agrícola y el diferencial se las entrega a tasas preferenciales”, dijo el secretario de SOFO.
Agregando finalmente que la norma medioambiental en referencia, no está implementada en países del cono sur del continente, dejando en desventaja al productor chileno “con normas como estas quedamos en desventajas, perdemos competitividad ante los países vecinos que son competencia directa”.
