45 empresas del sector forestal que operan en el sur demandaron al fisco por 78 hechos de violencia que, desde 2018 y hasta este año, han destruído sus bienes e impedido operar en ese territorio.
Las compañías son parte de la Asociación de Contratistas Forestales AG y piden que el Estado los indemnice por los daños y perjuicios que les han provocado estos hechos de violencia.
El vocero de este gremio, René Muñoz, resume así por qué decidieron recurrir a la justicia: “El Estado nos abandonó, que la justicia no lo haga”.
La demanda cita la declaración de la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, en la sesión del Senado celebrada el 13 de septiembre de 2022, en el marco de la decimonovena renovación del estado de emergencia, donde señaló que los chilenos viven “sin poder llegar a sus casas, escuchando disparos y sabemos (se refiere al gobierno) que las policías no están llegando, no se la pueden”, para fundamentar la “falta de servicio” del Estado.
La acción judicial, presentada el 15 de septiembre en Concepción, es seguida muy de cerca por otras compañías de la zona, desde agroindustriales a operadores turísticos, que podrían seguir su ejemplo.
US$ 200 millones
Aunque el monto no se ha explicitado, la demanda detalla los bienes y contratos de operación perdidos por las agresiones, y fuentes del sector forestal hablan de al menos US$ 200 millones.
“Los bienes de los demandantes que se han visto afectados por la indolente acción y omisión del Estado, corresponden esencialmente a las herramientas de trabajo ligadas a su actividad forestal (servicios de plantación, cosecha y transporte, entre otros), que comprenden retroexcavadoras, remolques, astilladoras, maquinaria industrial, camiones, skidders, shovels, bulldozers, trineumáticos, torres giratorias, cabezales procesadores, jeeps, cargadores frontales, carros madereros, semirremolques, excavadoras, tractores, minibuses, camionetas y otras maquinarias análogas, además de los utensilios necesarios para ejecutar estas tareas, como palas, rastrillos, machetes, guantes y similares”.
Según contabilizó DF MAS, son cerca de 200 maquinarias y equipos de trabajo, así como contratos de operación, en 78 actos de violencia desde 2018 hasta mediados de este 2022, en un contexto de escalada violentista.
Según el texto, entre 2018 y 2021 los ataques se han incrementado en 155%, pasando de 680 agresiones en 2018 a 1.731 en el año 2021.
Y si se va más atrás, la evolución es aún más impresionante: desde 2013, el incremento de los hechos de violencia es de 468%.
Entre las empresas demandantes están firmas de transportes, aserraderos, empresas de servicios de cosecha y astillado, entre otras.
Fuente: Diario Financiero
