El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este martes al Departamento de Justicia que despida a todos los fiscales federales que queden de la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025).
En un mensaje en su red social, Truth Social, el líder republicano apuntó que ese gabinete se ha visto «politizado como nunca antes».
«Por lo tanto, he ordenado el cese de TODOS los fiscales federales de la era Biden que quedan. Debemos ‘limpiar la casa’ INMEDIATAMENTE y restablecer la confianza. La edad de oro de Estados Unidos debe tener un sistema judicial justo: ¡ESTO COMIENZA HOY!», dijo.
La cadena Fox News recordó en su página web que el cese de fiscales federales de administraciones anteriores suele ser un procedimiento habitual con los cambios de poder.
Cuando la actual fiscal general, Pam Bondi, compareció ante un comité del Senado en su audiencia de nominación a mediados de enero, aseguró que iba a acabar con la «politización» del Departamento de Justicia, a restaurar la confianza pública y a librarse de los individuos que actúen de manera «inapropiada» dentro de su oficina.
Trump también firmó una orden ejecutiva que impone supervisión presidencial a todas las agencias federales y a las «agencias reguladoras independientes» -con excepciones para la Reserva Federal- para asegurar que «rinden cuentas».
La orden indica que «administraciones previas han permitido que las llamadas agencias reguladoras independientes operen con una supervisión presidencial mínima», por lo que «ejercen una autoridad ejecutiva sustancial sin suficiente rendición de cuentas al presidente y, a través de este, al pueblo estadounidense».
Las agencias reguladoras independientes son agencias federales establecidas por el Congreso de EE.UU. precisamente para que operen con independencia del presidente de turno y de la rama ejecutiva.
En ese sentido, la orden establece que solo el presidente y el fiscal general tienen autoridad para interpretar la ley en la rama ejecutiva del Gobierno, y ningún empleado de ese ámbito puede contradecir sus opiniones en su capacidad oficial al referirse a la posición de EE.UU., ya sea en regulaciones, instrucciones o litigaciones.
Según el documento, todos los departamentos y agencias con poder ejecutivo deben presentar sus propuestas de regulación importantes a la Oficina de Información y Asuntos Reguladores (OIRA, en inglés) de la Oficina Ejecutiva del Presidente para que sean revisadas antes de su publicación en el Registro Federal.
En un resumen para la prensa, la Casa Blanca cita a la Comisión Federal del Comercio (FTC), la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Comisión de Mercado y Valores (SEC) como ejemplos de reguladores que han ejercido gran poder ejecutivo sin supervisión, y argumenta que eso ha supuesto un enorme gasto.
La orden, que añade a la Comisión Federal Electoral (FEC) a la lista, especifica que están fuera de supervisión presidencial la junta de gobernadores de la Reserva Federal y el Comité Federal del Mercado Abierto «en su conducta de política monetaria», pero su «regulación de las instituciones financieras» sí está sujeta.
Los reguladores tienen un plazo de 60 días para entregar esa información, a menos que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, responsable de dar las instrucciones sobre la implementación de la orden, indique otra cosa.
