En 9° Juzgado de Garantía de Santiago revisó este lunes las medidas cautelares en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien se encontraba en prisión preventiva.
La exfigura televisiva se encuentra imputada por los delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Al llegar a la audiencia, el abogado Cristóbal Bonacic manifestó que «es algo muy sencillo, no hay ningún fundamento que establece la ley para justificar la prisión preventiva, ese es el mayor argumento y fundamento que hay, no hay mérito».
Tras la audiencia de revisión de cautelares, el tribunal revocó la prisión preventiva contra exalcaldesa de Maipú y ordenó reestablecer su arresto domiciliario total.
El Ministerio Público insitió en la necesidad de seguir con la cautelar, debido a la gravedad de los cargos y al riesgo para la seguridad de la sociedad existente si Barriga queda en libertad, lo que fue desestimado por la magistrada María Inés Lausen.
«Quedamos muy conformes porque el tribunal establece que la prisión preventiva como medida cautelar es de carácter excepcional, y solamente se justifica en la medida que otra medida cautelar, como el arresto domiciliario total, ya sea suficiente para garantizar los fines del procedimiento», expresó el abogado Cristóbal Bonacic.
«Eso ha estado claro desde siempre, por lo que no se justifica -en ningún- caso una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Cathy Barriga cumplió por más de 10 meses una medida cautelar tan intensa como el arresto domiciliario total, por lo que nunca debió haber estado en prisión preventiva, siendo una medida cautelar totalmente desproporcionada en atención al comportamiento que ella había tenido desde el inicio de la investigación hasta el día de hoy», agregó.
Durante la audiencia también estuvo presente el esposo de la exjefa comunal, Joaquín Lavín León, quien es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude al Fisco.
En esa línea, durante esta jornada se dio a conocer que Lavín León devolvió más de 7 millones de pesos al Congreso, correspondientes a facturas ideológicamente falsas por trabajos no realizados en Maipú.
