El Gobierno aseguró que -haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales- está analizando revisar la conducta del juez Héctor Barraza, que ordenó entregar las identidades de los testigos protegidos en el marco de la detención del clan Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua en Chile.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que «nos parece una conducta equivocada y eventualmente negligente, por tanto, estamos analizando (…) la facultad (del Presidente de la República) de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial».
«Esta materia ha sido encargada al ministro de Justicia, Luis Cordero, pero desde ya, el Gobierno pretende actuar para hacer ver que esta conducta grave que no debió haber ocurrido y que tiene que ser impedida», añadió.
Monsalve explicó que la situación es conducente a la eventual presentación de un requerimiento para analizar la conducta del juez ante la Corte Suprema.
Respecto a si el juez pudo haber sido víctima de extorsión por parte del Tren de Aragua, el subsecretario respondió que «no tenemos antecedentes» de ello.
