El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que cerca del 10% de las personas que que recibieron pensiones de gracia por vulneraciones a sus derechos fundamentales en el marco del estallido social, contaban con antecedentes penales. Este dato lo reveló en la comisión que está investigando la entrega de este beneficio en la Cámara de Diputados.
Específicamente Monsalve planteó que «durante el 2022 se entregaron 418 pensiones de gracia a personas que vieron vulnerados sus derechos en el marco del estallido social». Del total, «148 fueron entregadas durante la administración del ex presidente Sebastián Piñera y las restantes 270 durante el actual gobierno del presidente Gabriel Boric».
De este grupo, «40 personas registran antecedentes penales» y todos «antecedentes antiguos y por delitos menores», explicó Monsalve. En detalle, el subsecretario indicó que 17 de estos beneficiados recibieron pensiones de gracia durante el gobierno de Piñera y 23 durante la presente administración.
Asimismo explicó que en el reglamento no se considera como requisito solicitar los antecedentes penales y aclaró que dado que es el Presidente de la República quien otorga las pensiones a las personas, «si él lo estima pertinente podría revocar el beneficio». La información que entregó Monsalve generó críticas desde la oposición, pese a que decenas de estas pensiones de gracias fueron entregadas durante el Gobierno de Piñera.
El presidente de la comisión investigadora, Henry Leal (UDI), señaló que «mientras miles de chilenos esperan una pensión de gracias cumpliendo requisitos, aquí eso no ha ocurrido. Con la plata de los chilenos hay que ser rigurosos, no nos parece para nada bien. Vamos a seguir investigando porque aquí algo no está funcionando. No se puede entregar un sueldo de por vida a una pensión a alguien que tiene lesiones leves, pero más grave que tenga prontuario policial».
«Eso es demasiado grave y seguiríamos indagando para que los chilenos sepan si se han cumplido o no con la legalidad al entregar estas pensiones. Y por último, si se llega a comprobar que son delitos graves, nosotros, al menos en mi opinión, es que se deberían revocar estos beneficios», acotó. El diputado republicano Mauricio Ojeda detalló que «desde el Congreso Nacional se pidió la lista de los beneficiarios y en su momento fue negada (…) Pero un particular, una persona que era común y corriente, pidió por transparencia la información y se le hicieron llegar. Entonces, cuando esta persona lo recibe, también me la hace llegar a mí, y comenzamos la revisión de las personas que estaban.
Por tanto, teníamos conocimiento de que había gente con antecedentes penales diversos» En ese contexto pasó a explicar que en el listado que el maneja «hay gente que tiene hasta 30 causas. Hay diversos delitos por violencia intrafamiliar, vale decir, violencia contra las mujeres, estafa, robos, tráfico de drogas, maltrato a carabineros, amenazas de muerte. Hay diversidad de delitos asociados a varias personas que tienen pensión de gracia».
En ese contexto, el parlamentario emplazó al Gobierno a hacer modificaciones legislativas: «Que incorpore una modificación inmediata a la ley, porque la ley que entrega pensiones de gracia, en el artículo 2, detalla cuáles son los requisitos, pero el artículo número 6 dice que, independiente de que no se cumplan los requisitos, prácticamente el presidente igual puede tomar la decisión de manera unilateral de entregar sí o sí la pensión de gracia. Entonces, ahí hay que cambiar la normativa. Creo yo que personas con antecedentes penales no debieran contar con una pensión de gracia ya por vida», agregó Ojeda.
La diputada Joanna Pérez (demócratas) planteó que «siempre se debe reparar cuando hay daño a los derechos humanos en nuestro país, pero probablemente las pensiones de gracia no están siendo el instrumento adecuado para esa reparación porque no se está revisando efectivamente los filtros respectivos». En esa línea, dijo que la información que entregó Monsalve «constata que la pensión de gracia es algo muy liviano hoy día y que probablemente necesita mayores filtros, revisiones, más normativa y reglamento». Asimismo, emplazó al Ministerio de Hacienda y a Dipres a poner indicaciones en la Ley de Presupuesto que se comenzará a discutir en el Congreso próximamente.
El diputado Boris Barrera (PC) acusó que «lo que está tratando de instalar la derecha – porque quiere obviamente blanquear al Gobierno de Sebastián Piñera – es un relato de que aquí la lucha fue en contra de la delincuencia en el estallido, cuando en realidad lo que había detrás era el descontento de millones y millones de chilenos y chilenas que se estaban levantando pacíficamente frente a un sistema que los tiene en la pobreza, que los tiene con malas pensiones, con mala educación y con listas de espera de años».
En esa línea, el parlamentario separó los antecedentes penales previos de la vulneración a los derechos fundamentales en el contexto de las manifestaciones, y aseguró que no se pueden mezclar.
«El que una persona tenga antecedentes por algo que hizo en el pasado a que en la actualidad algún agente del estado, la policía, carabinero o alguien de la fuerza armada le haya quitado parte de la vista o le hayan disparado y tengan su cuerpo balines de plomo y que por eso, de acuerdo a normas internacionales, pueda acceder a un beneficio (…) una cosa no tiene nada que ver con la otra», argumentó.
«Una persona puede haber cometido algún delito en el pasado, quedan ahí en sus antecedentes, pero resulta que después sale a movilizarse pacíficamente, a demandar algo, o solamente está mirando, como sucedió en muchos casos, y es atacado por las fuerzas armadas o de orden, y los dejaron con daño físico y psicológico, porque algunos los detuvieron, los torturaron, o ejercieron violencia sexual», concluyó.
