Tras 10 años de investigación, este lunes se iniciaron los alegatos de clausura del juicio oral por el caso SQM, uno de los mayores escándalos de financiamiento de la política en la historia del país.
Aunque se han cerrado algunas condenas por procesos abreviados, aún falta definir la situación de ocho involucrados en el caso, entre los que se encuentran el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, el exministro Pablo Longueira y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse.
Aunque originalmente eran más de 150 imputados, la fiscal Claudia Perivancich explicó que «hay personas que simplemente facilitaron un documento tributario, hay una actuación irregular porque son emisores de documentos tributarios falsos y por lo tanto cometen también el delito tributario, pero esas personas bien atendida su condición, su rol, pudieron salir por una salida alternativa».
«Luego hay personas que se ubican en un escalón superior, por plantearlo así, que fueron reclutadores de una cantidad importante de emisores para proporcionar estos documentos falsos a la empresa SQM», detalló.
La fiscal recordó que «hay personas que fueron condenadas en procedimientos abreviados, que no es una salida alternativa, es una condena judicial, hay 10 personas en esa situación y luego tenemos a los ocho que están enfrentando hoy día el juicio oral porque, atendido su rol en la imputación que hacemos, se justificaba por la gravedad, por la reiteración, por el periodo comprendido, que estas imputaciones fueran resueltas a través de un juicio oral».
Críticas de las defensas
Las defensas de los involucrados han manifestado críticas al trabajo realizado por el Ministerio Público, ya que el juicio se ha extendido por más de dos años.
Aldo Díaz, abogado de Enríquez-Ominami, planteó que «la forma en que se ha incorporado la prueba por parte del Ministerio Público ha sido desestructurada, ha sido desordenada, no se han leído los documentos como corresponde. Algunos fiscales del Ministerio Público han abusado de esta investigación y por tanto creemos que este juicio ha vulnerado, por todo el tiempo transcurrido, los derechos de nuestro representado».
Por su parte, la abogada de Longueira, Joanna Heskia, recalcó que «nosotros hemos sido súper duros en general, dando cuenta de un excesivo tiempo que se ha tomado en rendir la prueba. Se ha rendido muchísima prueba que no era pertinente, se rindió prueba que estuvo repetida y en ese sentido hay una crítica, por supuesto, yo creo que este juicio puedo haber sido mucho más corto».
Se espera que la argumentación de Fiscalía se extienda por tres semanas y que todo el proceso de clausura esté terminado en un plazo de dos meses.
